Columna en El Líbero: Lo que la gratuidad esconde

• 10 de Julio, 2017

Por Raúl Figueroa Salas, director ejecutivo de Acción Educar.

Uno de los principales objetivos de la política pública en materia de educación superior dice relación con el diseño de mecanismos adecuados que faciliten y promuevan el acceso a las oportunidades que ésta ofrece, considerando sus beneficios tanto sociales como individuales. En esta materia Chile puede mostrar con orgullo resultados que lo ubican en el primer lugar de Latinoamérica y en el promedio de los países desarrollados.

Así, los cerca de 1.250.000 alumnos en el sistema de educación superior se traducen en una cobertura neta de 37,4%, en la que los jóvenes provenientes de familias de menores ingresos tienen cada vez más presencia. De hecho, para el primer quintil de ingresos la cobertura neta se ha multiplicado por siete desde 1990 a la fecha, pasando de un 4% a un 29,3%. Si bien estos datos muestran cómo la educación superior es cada vez más accesible, aún se aprecian importantes diferencias con los jóvenes de familias más acomodadas, que cuentan con una cobertura neta de un 54,3% para el quinto quintil de ingresos.

Según los datos, mientras el objetivo de dar plena cobertura está cumplido para los jóvenes de los quintiles más ricos, aún hay tarea pendiente tratándose de los jóvenes de familias de menos recursos. En este contexto, es interesante analizar el impacto que tendrá la política de gratuidad para el cumplimiento de esa meta.

Lo primero que se debe considerar en el análisis, es que el gran aumento de cobertura en Chile fue al alero de los programas de becas y créditos subsidiados implementados por Gobiernos de diverso signo político y que se entregan a los jóvenes para que puedan, con esas ayudas, suplir sus carencias y elegir la institución de educación superior que mejor se adecúe a sus intereses y capacidades. Esto es interesante si se compara con la experiencia de la gratuidad universal de países vecinos, que muestra que ese mecanismo de financiamiento no es garantía de mayor equidad en el sistema ni asegura mayor acceso; de hecho, Argentina tiene menores niveles de cobertura que Chile.

Ahora bien, si se analiza en detalle el diseño de la gratuidad universal que se discute en el Congreso, vemos cómo los principales afectados en términos de ampliar el acceso a la educación superior son, paradojalmente, los jóvenes de familias más vulnerables. ¿Por qué? Por la simple razón de que la gratuidad requiere, para su implementación, que el Estado ajuste dos variables esenciales: los precios (aranceles) y las vacantes.

Como la gratuidad implica sustituir aportes privados por recursos públicos, su diseño exige que el Estado fije la cantidad de dinero a transferir a las instituciones de educación y el número de alumnos que pueden matricular, ya que de otra manera el ya difícil control financiero de esta política se hace imposible. Los datos muestran que existe una alta correlación entre los mejores puntajes PSU y el mayor nivel socioeconómico de los estudiantes. Como las vacantes se llenan primero con los mayores puntajes, cualquier limitación al crecimiento de la matrícula afecta, precisamente, a los jóvenes de menores puntajes que ven mayores barreras al acceso.

No existe ninguna razón para pensar que los jóvenes provenientes de familias de mayores ingresos van a dejar de asistir a la educación superior en las altas tasas que lo hacen actualmente, de igual forma que no hay sustento para afirmar que aquellos pertenecientes a familias vulnerables van a ver aumentadas sus posibilidades de acceder a estudios terciarios, cuando los esfuerzos del Gobierno están lejos de centrarse en la calidad de la educación escolar municipal.

La restricción de cupos no guarda relación con ningún atributo que mejore nuestro sistema de educación superior. Es un mero instrumento para controlar el gasto en que el fisco incurrirá por otorgar gratuidad. Tener un Estado que controle la cantidad de cupos en carreras e instituciones de acuerdo a su capacidad financiera va a estancar las mejoras en equidad de acceso a la educación superior, yendo en directo perjuicio de los jóvenes más vulnerables.

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