Los problemas de una política de gratuidad universal en educación superior
El sistema de educación superior chileno constituye un importante motor de movilidad social y ha sido reconocido, entre otros aspectos, por su amplia cobertura (superior al promedio de los países de la OCDE) y la diversidad de su oferta. Un sistema como el nuestro requiere un mecanismo de financiamiento estudiantil que, asegurando el mejor uso de los recursos públicos, facilite la libre elección y permita a todo joven meritorio, independiente de su condición socioeconómica, aprovechar las oportunidades que la educación ofrece.
La gratuidad universal en educación superior, tal como está esbozada en el Programa de gobierno y como ha sido detallada en algunas declaraciones de las autoridades del Ministerio de Educación, provocaría más perjuicios que beneficios.
Focalización del gasto fiscal
En primer lugar, una política de este tipo, en la que se financia la carrera tanto de estudiantes que cuentan con recursos, como de aquellos que no, significa un gasto fiscal de gran consideración. Los cálculos van desde alrededor de US$ 2.500 millones a US$5 mil millones anuales. Los recursos de una eventual reforma tributaria no alcanzarían, pero lo que es más importante, la evidencia indica que en Chile esta política es un error en términos de una correcta asignación del gasto público. Cuando los recursos son limitados es necesario focalizar el gasto público en lo que es urgente. Las cifras y la comparación de Chile con otros países es clara respecto a dónde se requiere invertir: Nuestro país es el tercer país de la OCDE con menor gasto por alumno en educación básica y media, ubicándose incluso bajo el que le correspondería según su nivel de desarrollo. Se suma el hecho de que Chile es el tercer país que más destina a educación superior respecto de cada peso invertido en educación escolar, lo que resulta desalineado respecto a lo que hacen países desarrollados, que concentran su gasto especialmente en educación escolar.
Por lo tanto, el costo alternativo de seguir invirtiendo en educación superior es demasiado alto, considerando además que existen otros instrumentos que permiten asegurar el acceso a ese nivel educacional y que el retorno a la inversión en educación es mayor mientras antes se haga. Tómese en cuenta además la deuda pendiente que Chile tiene en el nivel parvulario, en especial en asegurar un nivel de calidad mínimo.
Recursos fiscales se concentrarían en pagar la educación de quienes tienen más recursos
Se debe tener en cuenta que en Chile, en la educación superior, predominan los jóvenes provenientes de las familias más acomodadas: mientras un 62% del quintil más rico asiste a la educación superior este porcentaje llega al 21% del quintil más pobre. Una política de gratuidad universal no resolverá esta inequidad en el acceso a la educación superior según nivel socioeconómico sino que financiará especialmente los estudios de quienes pueden pagarla. El caso de Argentina es elocuente: el quintil más acomodado capta 2,5 veces más beneficios de la gratuidad que el más pobre (Ver estudio de AcciónEducar sobre la gratuidad universal en Argentina).
Esta inequidad en el acceso, sumada al fuerte retorno privado que tiene la educación superior, hace que la política de gratuidad sea profundamente regresiva. En efecto, así como la tasa de participación en educación superior de los jóvenes más vulnerables en Chile es un tercio respecto de la de aquellos más favorecidos, también el premio monetario por terminar la educación superior es el más alto de todos los países de la OCDE (quienes poseen educación superior ganan 2,6 veces el salario de alguien que solo completó educación media), por lo que el gasto no solo estaría focalizado en aquellos que menos lo necesitan, sino que justamente en aquellos que verán incrementados fuertemente sus salarios futuros.
Restricción en el acceso y capacidad de elección de los jóvenes más vulnerables
El programa de la Presidenta Bachelet establece la gratuidad universal en educación superior como el mecanismo exclusivo en términos de ayuda estudiantil de parte del Estado, es decir, se eliminarían las becas y los créditos que actualmente entrega el Estado y se reemplazarían por este sistema. Pero la gratuidad universal sólo se limitaría a aquellas instituciones que suscriban y acepten un convenio con el Estado, que establecerá una serie de condiciones y la fijación de aranceles por parte del Mineduc. Es decir, los jóvenes que no tienen los recursos para pagar su carrera y que necesitan ayuda estatal, sólo podrán optar a las universidades, CFT o IP en convenio con el Estado, y no podrán elegir el resto de las instituciones porque si lo hacen, no tendrán ni becas ni créditos para financiar su carrera.
Lo anterior se traduce en mayor inequidad, ya que la restricción en el acceso no aplica para los estudiantes que tienen los recursos para financiar la educación superior.
De esta manera se restringe el acceso y la capacidad de elección de quienes tienen menos recursos, quienes sólo podrán optar a un grupo de instituciones.
Mayor segregación del sistema
La gratuidad universal para instituciones en convenio, generará una mayor segregación social en el sistema de educación superior chileno. Hoy alumnos de altos y bajos ingresos pueden optar a todas las universidades acreditadas a través de las becas y créditos que financia el Estado. En el nuevo escenario los jóvenes de menos recursos sólo podrán elegir las instituciones en convenio con el Estado si quieren acceder a la ayuda estatal de la gratuidad, y por lo tanto, las universidades que no estén en convenio contarán mayoritariamente con alumnos de altos ingresos que puedan pagar sus carreras y no dependan de la gratuidad ofrecida por el Estado. Así, estas instituciones perderán diversidad en su matrícula porque verán disminuida la participación de jóvenes vulnerables o de clase media.
Fijación de aranceles
La gratuidad universal, tal como han señalado las autoridades de gobierno, implicará una fijación de los aranceles de las instituciones que suscriban el convenio con el Estado. Este aspecto es complejo debido a que gran parte de las universidades privadas financian la investigación que se realiza en la institución a través de los aranceles, por lo que un mal cálculo en la fijación puede traer grandes perjuicio para el nivel de la investigación en chile o el desfinanciamiento de ciertas universidades.
La regulación de los aranceles por parte del Estado también perjudica la necesaria diversidad del sistema, determinando las características de cada proyecto (institución o carrera) y limitando sus posibilidades de adecuarse a los requerimientos de los estudiantes y del país. Lo anterior porque las características de cada proyecto quedarían definidas sólo por lo que sería posible financiar en virtud de los aranceles fijados.
Los desafíos en financiamiento estudiantil
Hoy en materia de financiamiento estudiantil en el nivel terciario se observan problemas en los que se debe avanzar y que es dónde deberían enfocarse los recursos y las políticas públicas: Persiste una arbitraria discriminación entre el monto y las condiciones de las becas y créditos que entrega el Estado a un alumno que se inscribe en una institución que está fuera del CRUCh, que resulta perjudicado respecto a un alumnos de igual condición socioeconómica que se inscribe en una universidad que es parte de esta entidad. También resulta prioritario abordar el problema que existe en términos de la brecha entre el arancel que cubre el Estado y el arancel real que deben pagar los estudiantes y establecer mecanismos para promover una mejora en la calidad y en el marco regulatorio del sistema de educación superior.
Para mejorar la equidad en el acceso es relevante que se fortalezca la enseñanza en la educación escolar y parvularia, además de otras políticas complementarias, porque una educación deficiente en esta etapa define gran parte de las oportunidades futuras de los alumnos, incluida la de acceder a la educación superior.
