Nuevamente el tema educacional fue uno de los ejes que guió el discurso de la Presidenta Michelle Bachelet en la cuenta pública realizada el 21 de mayo. En esta ocasión una de las medidas más importantes tuvo relación con la gratuidad en la educación superior.
“Avanzando en nuestro compromiso de alcanzar la gratuidad, a partir del 2016 aseguraremos que el 60% más vulnerable que asista a Centros de Formación Técnica (CFT), Institutos Profesionales (IP) acreditados y sin fines de lucro, o a universidades del Consejo de Rectores, tenga gratuidad completa y efectiva”, dijo Bachelet.
264 mil estudiantes beneficiados por la medida. Sin embargo, pertenecer a una universidad del Consejo de Rectores, o a una institución, ya sea IP o CFT, acreditada y sin fines de lucro deja a un grupo importante de estudiantes vulnerables fuera y sin posibilidades de acceder a la medida.
Según cifras de Vertebral, agrupación que reune a un centenar de Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales del país, son 250 mil los estudiantes que pertenecen al 60% más vulnerable de la población y están matriculados en este tipo de entidades.
A esto se suman unos 175 mil estudiantes que, pese a estar en la misma condición de vulnerabilidad, no serán beneficiados por que cursan sus estudios en universidades que están fuera del Cruch.
“Es una medida discriminatoria”
Para Gonzalo Vargas, Rector del Inacap y Presidente de Vertebral, la medida anunciada por el Gobierno es discriminatoria y no se hace cargo de la realidad del país. “De acuerdos a nuestras estimaciones, dos tercios de los estudiantes, pese a tener condiciones de vulnerabilidad, quedan fuera. Y son precisamente estas instituciones excluidas donde hay un mayor porcentaje de alumnos en esta situación. La Universidad de Chile tiene menos estudiantes en situación de vulnerabilidad que INACAP”.
En ese sentido, Vargas denuncia que el Gobierno no ha sido claro respecto al criterio utilizado para establecer el beneficio. “Porque si el tema es el lucro, la pregunta es por qué las universidades que son corporaciones sin fines de lucro quedan excluidas. Existen 35 universidades privadas, sin fines de lucro, que quedarán fuera sólo por no pertenecer al Consejo de Rectores. Entonces aquí hay una discriminación arbitraria. No puede ser que estudiantes que tienen la misma condición, que tienen el mismo porcentaje de vulnerabilidad, tengan gratuidad, mientras que otros no. Eso nos parece muy injusto”, dice Vargas.
“Pertenecer al Cruch no es sinónimo de calidad”
Otro que también tiene reparos con el anuncio de la Presidenta es Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar. El representante de la fundación dedicada a investigar en torno a las políticas públicas en el ámbito educacional, también califica la medida como discriminatoria, “ya que hace diferencias entre jóvenes que, en la práctica, no tienen nada distinto. Por el contrario, también deberían ser beneficiados por la políticas públicas que buscan mejorar el acceso a la educación superior”.
El experto también indica que la iniciativa planteada por el Gobierno no necesariamente apunta a la calidad, ya que “no necesariamente el que una universidad pertenezca al Cruch es garantía de calidad. Existen instituciones que no pertenecen al Consejo y que tienen más años de acreditación o generan un mayor aporte en investigación. Aquí se discrimina a las instituciones, pero también se discrimina a los alumnos”.