La discusión presupuestaria en educación superior, en específico en relación a la gratuidad, finalizó con un acuerdo entre el gobierno y la oposición que evitó que esta última recurriera al Tribunal Constitucional. Si bien dicho acuerdo avanza hacia eliminar discriminaciones arbitrarias de larga data en el presupuesto de educación superior, se trata de un gesto que no subsana ni las deficiencias de la política de gratuidad, ni la discriminación entre las instituciones. Sin embargo, es de esperar que esta negociación haya convencido al gobierno de no persistir en políticas discriminatorias y, a la hora de repensar la reforma, tome medidas concretas para asegurar igualdad de trato para todos los estudiantes vulnerables.