Opinión de Acción Educar sobre ley que crea 15 centros de formación técnica estatales
El 21 de marzo, la Presidenta Bachelet promulgó la ley que crea 15 centros de formación técnica (CFT) estatales en distintas localidades del país. Se anunció también la ubicación de algunos de estos centros en las ciudades de Lautaro, Linares, Alto Hospicio, Llanquihue y Ovalle.
Durante la discusión de la ley, en junio de 2015, Acción Educar presentó ante la Comisión de Educación del Senado su análisis del proyecto de ley. La visión general que se trasmitió en la comisión es que si bien los fines son deseables (fortalecer la educación técnico profesional de nivel superior), el proyecto define una serie de políticas que van en contra de dichos fines. Las observaciones se centraron en cuatro puntos[1], los que no fueron tomados en cuenta en el proyecto promulgado. En consecuencia, se prevén riesgos en su implementación tanto para las instituciones creadas y sus estudiantes como también para el sistema en general.
- Los CFT creados por ley son autónomos, y no requieren pasar por el proceso de licenciamiento. Esto resulta contrario a la idea de fortalecer la oferta pública de calidad y debilita la institucionalidad vigente, en tanto es el mismo Estado el que se resta de los procesos de aseguramiento de la calidad que la ley define. En su lugar, se establece un proceso de “supervigilancia” por parte del Consejo Nacional de Educación, que permite que dicho organismo suspenda el ingreso de nuevos estudiantes en caso de no cumplir con su avance o desarrollo institucional.
- En 13 de las 15 regiones del país ya existen CFT o Institutos profesionales asociados a alguna universidad del CRUCH[2], sin mencionar la oferta privada. Hay entonces una opción explícita por no potenciar lo vigente y crear nueva institucionalidad en lugares donde la demanda está hoy atendida. Lo anterior permite especular que los nuevos CFT no pretenden ampliar la cobertura de la educación superior actual, sino reemplazar la oferta existente compitiendo con ella, incluso con la del CRUCH. Se trata de un uso cuestionable e ineficiente de los recursos públicos.
- El proyecto enfatiza el establecimiento de trayectorias formativas desde los CFT estatales hacia la universidad. Sin embargo, el valor central de la formación técnica es el desarrollo de competencias específicas y la preparación para el trabajo, y no la progresión hacia una formación académica. Mantener esta distinción se dificulta aún más cuando se plantea una universidad tutora.
- La ley propone una débil vinculación con el sector productivo, cuando esta debiera ser central para una institución educacional enfocada al mundo del trabajo. Se requiere dotar a los nuevos CFT de formas de gobiernos internos que aseguren su independencia y una representación mayoritaria del sector productivo nacional y regional, a través, por ejemplo, de las entidades gremiales más representativas. La presencia de sólo un representante del sector productivo en los organismos colegiados resulta insuficiente. Adicionalmente, la pobre conexión con el sector productivo de los CFT Estatales que prevé esta ley tiene como riesgo una rápida desactualización de los perfiles de egreso y un desajuste con el mercado laboral.
Por otra parte, es previsible que la futura ampliación de la política de gratuidad incluya a estos centros por el sólo ministerio de la ley, sin necesidad de que cumplan con el proceso de acreditación previsto en la ley[3]. Esto llevaría a una profundización de la competencia desleal desde el Estado hacia la provisión actual (privada y CRUCH), y probablemente implicaría una fuga significativa de matrícula. Como no existirá ningún control de calidad transparente de los nuevos Centros de Formación Técnica Estatales, no estará claro que los estudiantes estén migrando a mejores instituciones. Todo lo anterior podría implicar un perjuicio a la calidad del sistema en su conjunto.
La metodología para seleccionar las ciudades en las que se localizarán los CFT no es de conocimiento público. Sin embargo, se puede deducir que la lógica utilizada se focalizó en ciudades medias y no en las capitales regionales. Si bien esta decisión puede responder a criterios políticos válidos, tiene el riesgo de hacer aún más dudosa la viabilidad técnica de estos centros, considerando que estas ciudades tienen menos infraestructura para recibir y servir a la población estudiantil (hospitales, alojamiento, entre otros) y menos capital humano para formar la planta académica y administrativa. Todo lo anterior se traducirá mayores costos de implementación en comparación con capitales regionales.
