En términos generales, se trata de una política que avanza en la dirección correcta. Equilibra de manera responsable, aunque perfectible, los costos entre instituciones, el Estado y los estudiantes; sin perjuicio de que los mayores esfuerzos fiscales y beneficios se concentran en estos últimos. Esto es positivo, pero en los márgenes es también en perjuicio de algunas instituciones.