Presentación sobre iniciativa popular de norma ante la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional

• 8 de Marzo, 2022

A continuación compartimos la exposición del director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez; y la investigadora de Acción Educar, Francisca Figueroa.

¡Revisa el video de la exposición desde el minuto 48.13!

“Señoras y Señores Convencionales, agradezco la oportunidad de presentarles, para su revisión, la séptima iniciativa popular de norma más apoyada del proceso, y la más votada en educación. Esta propuesta la impulsamos con el apoyo de miles de ciudadanos y apoderados que buscan la mejor educación para sus hijos.

Este apoyo no nos sorprende, pues el derecho a la educación y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos son derechos humanos. Ambos derechos nacen de la persona y se consagran como tales por primera vez en la Declaración Universal de Derechos Humanos y desde ahí se les ha incluido en diversos tratados internacionales que Chile ha suscrito.

El origen de estos derechos es la interminable lucha por que la búsqueda del conocimiento y el perfeccionamiento humano -camino principal a la libertad- no sea instrumentalizada por personas o grupos que buscan dirigir y planificar a la humanidad como a un rebaño, según lo que ellos creen que es bueno. Surge como una reacción frente al abuso de los regímenes totalitarios que educaron a los todos los niños conforme a una única visión, incluso contra la voluntad de los padres. Vemos alrededor del mundo que esta amenaza no ha caducado, y es por eso que la Constitución que elabora esta Convención tiene la obligación de proteger al pueblo de Chile de ella, otorgando y garantizando a las familias e individuos el derecho a elegir una educación distinta a la estatal. Venimos a insistir en esa obligación.

A pesar de consagrarse en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se han difundido en este y en otros foros mitos sobre estos derechos fundamentales, que es necesario aclarar:NO es una defensa de los intereses económicos de los sostenedores, sino de los derechos de las familias. Hoy en Chile la regulación vigente compatibiliza libertad de enseñanza con la prohibición el lucro y el copago. Quien dice algo distinto -o busca demonizar nuestro sistema basándose en la retórica del “mercado” u otras ideologías- está simplemente equivocado.

NO es una propuesta en contra de la educación pública, pues no puede existir libertad de enseñanza sin un proyecto estatal de excelente calidad, lo que se trata es de que haya verdadera elección. Los problemas de la educación pública en Chile no tienen el origen en la existencia de educación particular subvencionada, sino en una gestión deficiente, una institucionalidad débil y la captura de gremios y grupos de interés. Quienes crean que desvistiendo este santo vestirán a otro, se quedarán solo con la desnudez.

– NO es una defensa de los colegios confesionales. En la diversidad todos tienen cabida: distintos métodos pedagógicos (Waldorf, Montessori, Reggio Emilia, Pickler, etc), distintos intereses (artístico, deportivo, humanista, técnico, idiomas en particular, etc), distintas necesidades (escuelas de lenguaje, con especial atención en la motricidad, para alguna discapacidad específica, etc), distintas visiones de mundo (acá caben los confesionales, pero también aquellos que surgen de compartir cosmovisiones como ocurre con los pueblos indígenas).

– Descartados estos mitos, debemos pasar a definir y redactar de manera correcta y equilibrada el derecho a la educación, la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres, para que puedan ser efectivamente garantizados. Nuestra propuesta tiene como centro a la persona y a su capacidad y derecho de autodeterminarse libremente conforme a sus propias elecciones, sin por ello desatender la dimensión social y colectiva de la educación. La educación particular no es ni debe ser una isla, pues comparte con la estatal su función pública, los objetivos generales y un marco regulatorio que asegura la fe pública y la calidad.

– ¿Por qué vale la pena promover activamente estos derechos? La libertad y la autodeterminación nutren y desembocan en la diversidad. Esta Convención es una oportunidad para relevar la diversidad al lugar que se merece. Las personas tenemos diversas creencias, culturas y cosmovisiones. Los pueblos originarios dan especial testimonio de ello. Pero no son los únicos: las personas quieren poder elegir un proyecto educativo que se acomode de la mejor forma a sus intereses y convicciones. ¿Por qué no darle la oportunidad a una profesora para el poder llevar a cabo su propio proyecto educativo?

Finalmente, es fundamental que el derecho a la educación, el derecho y deber preferente de los padres, y la libertad de enseñanza no queden consagrados de forma solo declarativa, como un “saludo a la bandera” o como un gesto. Una redacción desprolija o incompleta de estos derechos puede llevar a errores que conocemos.

Garantizada inadecuadamente, esto es, sin financiamiento público, la libertad de elección puede terminar en un que solo quienes tienen los recursos (los ricos) puedan elegir la educación que quieren, y esto tiene validez tanto desde los primeros años como para los jóvenes o adultos que eligen la carrera técnica o profesional en las instituciones de educación superior. No basta con solo permitir que existan distintos colegios, pues eso solo favorece a los que pueden pagar: el Estado debe promover la diversidad financiando a las familias que eligen proyectos educativos distintos al estatal. Esto debe quedar protegido en la Constitución, para resguardar estos derechos de los vaivenes políticos.

Mal comprendida, la libertad de enseñanza podría esgrimirse para expulsar alumnos de forma arbitraria, discriminatoria e injusta. Situaciones como expulsar a una estudiante embarazada, o no admitir a niños con discapacidades no pueden volver a ocurrir, y defenderlas argumentando la libertad de enseñanza es un error profundo, pues esta es una libertad para enseñar y no para discriminar. La redacción propuesta asegura esto.

Hoy más de 2 millones de niños y jóvenes y más de 496 mil estudiantes de la educación superior ejercen estos derechos, gracias al apoyo financiero del Estado y los contribuyentes. Privarlos de ellos es un retroceso inaceptable. Por eso, los llamamos a dar su apoyo a esta propuesta. Muchas gracias”.

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