Presupuesto 2015: oportunidad para terminar con discriminación arbitraria del Estado en ayudas estudiantiles
En los próximos días comenzará en el Congreso la discusión sobre el Presupuesto 2015 que define los montos que el Estado dispondrá para las diferentes políticas públicas durante el próximo año. Desde AcciónEducar creemos que una de las prioridades que debieran reflejarse en el Presupuesto de Educación es la necesaria corrección de la grave discriminación arbitraria que existe hoy desde el Estado en materia de ayudas estudiantiles para los alumnos de educación superior.
Un estudio que publicamos recientemente, muestra que dos alumnos con las mismas características socioeconómicas y académicas tienen un apoyo financiero distinto del Estado sólo por estudiar en instituciones diferentes. Para el 2013, en términos de becas estatales, el monto promedio que gasta el Estado por alumno matriculado en las universidades del CRUCH, sextuplica al de las universidades que no están en ese grupo, y es casi tres veces mayor que la ayuda que reciben los centros de formación técnica.
También se observa que el Estado, en términos del gasto total que realizó en becas, destinó el 63% de éste para universidades del CRUCH ($208 mil 817 millones), lo que resulta paradójico no solo porque la matrícula del CRUCH apenas representa un 27% de la matrícula total, sino también porque no es en las universidades de ese Consejo donde se concentran los alumnos de más escasos recursos; por el contrario, un 70% de los alumnos vulnerables que asisten a educación superior estudian en universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica que no pertenecen al CRUCH. Todo lo anterior significa una discriminación que no tiene justificación.
Esta discriminación se profundiza porque también existen condiciones disímiles en cuanto a los créditos a los que pueden acceder los alumnos. Mientras el joven que estudia en una institución del CRUCH puede optar a un crédito cuya cuota no superará el 5% de sus ingresos futuros, el joven que estudia en una institución de educación superior que no pertenece a ese Consejo deberá pagar una cuota que no superará el 10% de su sueldo.
En los últimos años y con amplio consenso se ha avanzado en esta materia, pero, como se ha señalado, las diferencias persisten. No es adecuado que el Estado tenga un trato discriminatorio para jóvenes de igual necesidad socioeconómica y mérito. En el Presupuesto 2015 se debe abordar este problema y destinar los recursos para terminar definitivamente con esta arbitraria e injusta discriminación que afecta tanto a estudiantes como instituciones, lo cual tendría un costo fiscal de aproximadamente US$ 159 millones al año (Ver estudio de AcciónEducar).
