Problemas en el financiamiento gratuito de la educación superior

• 28 de Julio, 2024

El presente documento entregó un análisis de datos sobre los déficits que ha generado, desde su inicio en el año 2016 a la fecha, la política de gratuidad en educación superior. Estos han sido por concepto de la fijación de aranceles para los beneficiarios, la limitación de cobro a los no beneficiarios de deciles superiores y la sobreduración de carreras de los estudiantes con gratuidad.

Descarga el análisis aquí

Los déficits de la gratuidad han costado cerca de USD$780 millones de dólares a las instituciones de educación superior chilenas, de los cuales más de dos tercios han sido soportados por las universidades privadas. En este cómputo no se considera el uso de excedentes de los fondos solidarios para la paliación del déficit por sobreduración, beneficio exclusivo para las universidades del CRUCH.

La gratuidad representa un gasto ingente de recursos fiscales en una política que es menos rentable socialmente que otras relacionadas con la educación, v.g. la inversión en la educación parvularia. Resulta grave que, además de su costo gigantesco para el erario fiscal, ella venga aparejada de costos institucionales irremontables, especialmente para las universidades privadas independientes. Con todo, para la discusión sobre el sistema de financiamiento de la educación superior se deben considerar varios elementos relacionados a la regulación del financiamiento gratuito, más allá de los costos que ella genera.

Primero, que expandir estos mecanismos, especialmente la fijación de precios, representa un riesgo para la calidad y sostenibilidad financiera del sistema. La regulación de aranceles, tanto por su naturaleza intrínsecamente imperfecta como 16 por la arbitrariedad de sus normas existentes, dificulta gravemente la inversión en calidad para las instituciones de educación superior y elimina las funciones pecuniarias de información y asignación, vitales para un ordenamiento óptimo del sistema.

Segundo, que la política de gratuidad genera incentivos para aumentar los costos fiscales. Esto ocurre, de por sí, en la fijación de aranceles basada en costos, que incentiva a la colusión en la información que entregan grupos de carreras similares. También ocurre en el segundo componente de la transferencia institucional, como se observó en la Tabla N° 5.

Tercero, que el diseño de la gratuidad, evidentemente, benefició a un grupo de instituciones por sobre otras, a saber: las universidades del Consejo de Rectores. Éstas reciben fondos basales por otras vías, tienen aranceles regulados más altos y acceden a fondos institucionales como el FSCU para paliar los déficits de los excesos de duración de carreras.

Por último, que la ausencia de soluciones para los déficits que generó la gratuidad representa una continuidad inaceptable de un daño considerable al sistema. Los problemas del financiamiento gratuito, por su magnitud considerable y creciente, no pueden quedar sin tratamiento.