Prohibir a profesionales no docentes hacer clases: una protección gremial inconveniente
A fines de abril el gobierno envió al Congreso un proyecto de ley que estable una nueva carrera docente.
Uno de los aspectos que debiera revisarse de esta iniciativa es la propuesta para que se elimine la posibilidad de que otros profesionales que no sean docentes puedan realizar clases en los establecimientos escolares.
Actualmente y desde la aprobación de la Ley General de Educación (LGE) en 2009, se permite que ciertos profesionales con conocimientos específicos por ejemplo en matemática o física puedan desempeñarse como profesores en enseñanza media.
La evidencia indica que Chile presenta una serie de déficit que hacen inconveniente prohibir esta alternativa. En primer lugar, evaluaciones de la calidad de los docentes en Chile indican que muchos egresados de carreras de pedagogía no estarían logrando un conocimiento pedagógico y disciplinario suficiente. En efecto, la prueba INICIA muestra que un alto porcentaje de los profesores se encuentra en el nivel insuficiente de logro: un 35% en conocimiento pedagógico y entre un 39% a 76% en la evaluación de conocimientos disciplinarios para el año 2012. En matemática, por ejemplo, un 55% de los maestros está calificado en el nivel insuficiente. Asimismo, el sistema chileno presenta una escasez de docentes en ciertas áreas, en particular en biología, física y química en enseñanza media. Lo anterior, junto con la necesidad que tiene la educación media técnico profesional de profesores con alto conocimiento en sus respectivas disciplinas, confirma que no existe justificación para tomar una medida de este tipo. Por el contrario el contratar a profesionales no docentes, expertos en su área y motivados por enseñar, es una opción conveniente en muchos casos, especialmente por el impacto que pueden generar en los alumnos.
Cabe destacar además que el porcentaje de profesionales no docentes que realizan clases es bajo, cercano al 2% del total de profesores, por lo que el cambio que se propone en el proyecto parece obedecer más bien a una protección gremial motivada por el Colegio de Profesores y no a una medida que busque mejorar la calidad de la educación.
Resulta necesario corregir el proyecto de ley en esta materia, en cuanto no se visualizan efectos positivos de su aplicación y, por el contrario, sí se podrían generar consecuencias perjudiciales para algunos establecimientos escolares.
