Proyecto de desmunicipalización no apunta a la calidad y establece una administración lejana a la realidad local
En términos generales es posible señalar que el proyecto de ley de desmunicipalización no se hace cargo de los problemas que aquejan a la educación pública. La iniciativa se limita a crear el sistema de educación pública sin introducir medidas para mejorarla ni convertirla en un sector potente. De esta forma si el objetivo del Gobierno es simplemente quitar la educación del ámbito municipal y entregársela al Gobierno Central, se cumple. Sin embargo, se deja de lado lo que a nuestro juicio debiese ser el fin último de cualquier iniciativa que se adopte en el ámbito educacional que es mejorar la calidad otorgando más oportunidades a los alumnos que asisten a ella.
Sobre calidad y rendición de cuentas
El proyecto no contempla medidas para la mejora de la educación pública ya que se centra en lo que deberían ser los medios para lograr un objetivo, que en este caso es el control por parte del Estado central de la educación pública, convirtiéndolo en un fin en sí mismo. En esta línea es atingente citar un párrafo del Mensaje que señala que “la administración municipal no está en condiciones de garantizar, a causa de su heterogeneidad y falencias, de manera permanente y en todo el territorio, condiciones de gestión y de uso de recursos que aseguren la calidad, la mejora y el futuro de la educación pública chilena”; sin embargo, el proyecto no mejora nada de esto y, por el contrario, hace más laxas las normas sobre calidad para los colegios dependientes de los servicios locales.
En este sentido el proyecto escapa del marco del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación vigente estableciendo reglas distintas para la educación pública permitiendo, entre otras cosas, que los establecimientos de mala calidad se perpetúen. A diferencia de lo que ocurre con los particulares subvencionados que si no cumplen las exigencias de calidad pierden su reconocimiento oficial. En consecuencia este sector tendrá más incentivos para mejorar su calidad que el estatal, convirtiéndose en una opción más atractiva y menos riesgosa. Llama la atención que con esta medida se pretenda fortalecer la educación pública y revertir la “considerable disminución de su matrícula escolar en casi 600 mil estudiantes entre el 2000 y el 2015”, mencionada en los antecedentes del proyecto.
El Mensaje de la iniciativa menciona que una “característica del esquema de administración vigente es su baja o inexistente rendición de cuentas sobre lo propiamente educacional” y agrega que “los tiempos y la profundidad que requieren los aspectos sustantivos de la mejora educativa no son elementos de juicio presentes a la hora de evaluar las gestiones edilicias por parte de los electores”. Lamentablemente la propuesta del Gobierno profundiza este problema ya que le quita a la ciudadanía la posibilidad de manifestar su evaluación de la gestión educacional, lo que actualmente está en condiciones de materializar a través del voto por un alcalde.
Pérdida de lo local, el proyecto aleja al sistema de los colegios
Otra característica de la propuesta que consideramos un error es la burocracia del sistema y cómo éste se aleja de los colegios. El proyecto tiende a olvidarse de las salas de clases y de la realidad local apostando por una nueva forma de administración que se caracteriza por su verticalidad y centralización..
La nueva estructura establece que los sostenedores de los colegios públicos serán 67 Servicios Locales, los cuales estarán a cargo de un Director Ejecutivo, que será el jefe superior del servicio el cual será nombrado por el Presidente de la República, mediante el proceso de selección de altos directivos públicos previsto. Durará seis años en su cargo, pudiendo renovarse su nombramiento por una sola vez. Por su parte los Servicios Locales dependerán de la Dirección de Educación Pública, un nuevo servicio público centralizado dependiente del Mineduc y domiciliado en Santiago. Dicha Dirección estará a cargo del Director de Educación Pública que, entre otras funciones, propone al Ministro la remoción de los directores ejecutivos de los servicios locales.
Lo anterior es una modificación al sistema que tiende a centralizarlo, a alejarlo de la ciudadanía y de la realidad local. Hoy el responsable de la educación es el alcalde, quien debe responder ante los vecinos de su gestión y con esta propuesta el responsable responderá ante el Presidente de la República lo que lo convertirá en un cargo a merced del gobierno de turno. De esta forma la ciudadanía perderá la influencia que posee (aunque sea escasa) y el director incentivos para considerar la voz local. Al contrario de lo que señala el Mensaje del proyecto no se garantiza ni se potencia la gestión descentralizada ni la participación de las comunidades local.
No se observan razones para concluir que esta forma de administrar la educación será mejor que la de las municipalidades, y menos si se considera que de 365 municipalidades se pasará a 67 servicios locales coordinados desde el nivel central. De esta forma se alejarán las decisiones del lugar donde ocurren los hechos.
Sobre los Consejos Locales
En los Servicios Locales existirá un Consejo Local de Educación Pública que tiene como misión representar ante el Jefe del Servicio los intereses de las comunidades educativas y locales. Sin embargo, la heterogeneidad de su composición puede convertirlo en un escenario político donde se vele por intereses sectoriales dejando de lado la preocupación por mejorar la calidad de la educación escolar.
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