Columna en La Tercera: Prudencia en la desmunicipalización

• 3 de Agosto, 2017

Por Daniel Rodríguez, investigador de Acción Educar.

La Comisión de Educación del Senado llegó a un acuerdo respecto del proyecto de ley que traspasa los establecimientos públicos, hoy dependientes de los municipios, a 70 servicios locales dirigidos por el Ministerio de Educación. Este acuerdo permitirá la continuación en la tramitación del proyecto, pero no soluciona su problema principal: la desmunicipalización aleja la toma de decisiones de los establecimientos y la centraliza en el Ministerio de Educación. Sin perjuicio de ello, y dejando de lado los reparos específicos al proyecto, vale la pena destacar y defender las ideas tras el acuerdo alcanzado, que ha sido rechazado por varios académicos.

Sin importar la gradualidad que se plantee, la desmunicipalización será un proceso de enorme complejidad administrativa, política y educacional. En general, la rapidez con las que nuestros legisladores crean instituciones públicas contrasta bastante con la capacidad de nuestro Estado para hacerlas realidad. Además, la dimensión de la operación hará palidecer procesos administrativos como la creación de regiones o de ministerios. El traspaso de funcionarios siempre crea conflictos, para qué decir el traspaso de propiedades. Hace algunos meses la prensa mostraba la discusión entre dos alcaldes por un terreno que estaba a nombre de una, pero en el territorio de la otra… hace más de 25 de años. Además, no hay claridad de qué “sorpresas” financieras y políticas esperan al Mineduc en las oficinas de las 365 comunas, probablemente algunas escondidas por años. Poco tiempo tendrán los funcionarios para preocuparse del aprendizaje de los estudiantes. Es por esto que es valorable que no solo se establezca una gradualidad para la vigencia (que es nada más que un plazo) sino que se le abra la posibilidad a la autoridad para evaluar y eventualmente detener el proceso en el caso en que no esté funcionando como debiera.

Algunos académicos han planteado que esto reflejaría una “falta de convicción” en el sistema que se está diseñando. Este argumento llama la atención, en tanto no existe ninguna evidencia que pueda darnos alguna certeza de que el nuevo sistema sea confiable. Que no quede duda: nadie está en condiciones de asegurar que el servicio local será mejor, igual o peor que un municipio, ni que toda la papelería administrativa implicará una mejora en los aprendizajes. Se trata de supuestos curiosamente alineados con premisas ideológicas. Puede que se asemeje a lo que funciona en otros países, pero eso no debiera movernos de una duda razonable. Adicionalmente, entendiendo que gran parte del problema de la administración municipal es la falta de capital humano y las restricciones de gestión, es extraño que se nos pida fe y esperanza en un nuevo sistema que recurrirá a las mismas personas y se regulará por el mismo rígido estatuto administrativo. Es del todo atendible que ante las dudas que a cualquiera le genera una reforma de esta dimensión, se hagan provisiones para detenerla en caso que falle. Uno esperaría de los académicos el siempre necesario escepticismo propio de su campo profesional y sus métodos.

Finalmente, el hecho que se permita que los municipios de buenos resultados se mantengan fuera del sistema es un producto positivo de este acuerdo. Dudo que para los padres o los estudiantes sea relevante si el establecimiento depende de un servicio o de un municipio (o de un privado, incluso), mientras sea de calidad y responda a sus necesidades y expectativas. Y si funciona, no es necesario arreglarlo. La preocupación de los académicos y elaboradores de políticas públicas parece ser de orden estético: quieren que el sistema sea homogéneo y nadie escape del panel de control. El argumento de que esto aumentará la segregación – porque serán las comunas más ricas y que más recursos invierten en educación las que se restarán del proceso – es sorprendente, pues equivale a decir que el objetivo del servicio local es quitarle recursos a los que tienen y lo hacen bien para repartirlos a los demás. Esperemos que no sea ese el objetivo del proyecto del gobierno.

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