Más de un cuatrocientos mil estudiantes se encuentra estudiando en estos planteles lo que representa cerca de un 40% de la matricula total de universitarios.
Más gratuidad en la educación, ese es el mensaje que está dando el Gobierno tras anunciar que presentará un proyecto de ley para otorgar más cobertura a los centros de formación técnica y los institutos profesionales. La idea, según transcendió en primera instancia, es poder llegar a financiar la educación de los alumnos hasta el noveno decil en un plazo de cuatro años, es decir una cobertura casi universal en estas instituciones.
Sin embargo, el anunció ha sido tomado con precaución por parte de organizaciones ligadas a la educación. Uno de los puntos que provoca dudas en la posible aplicación, es la urgencia que requieren otros problemas en educación que sí eran parte del programa del Gobierno de Sebastián Piñera, y no las que que surgieron antes de la segunda vuelta presidencial y tras la reunión con Manuel José Ossandón.
Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, asegura que las señales que estaba dando el Gobierno en materia de educación eran las correctas hasta este punto. “Este proyecto apunta a entregar un beneficio a estudiantes que ya están en el programa de gratuidad y no hace nada por los 200 mil estudiantes que están fuera de las instituciones gratuitas que también requieren apoyo”, asegura Rodríguez.
La crítica también apuntan al uso de los recursos fiscales. “Los políticas públicas siempre necesitan priorizar, uno esperaría desde la seriedad del cuidado de los recursos que se pusiera énfasis en programas que beneficien al mayo número de personas vulnerables”, dice el director de Acción Educar.
No sólo los estudios, también el trabajo
Por su parte, Ariel Rojas investigador de educación pública de Educación 2020, se mostró cauteloso en cuanto al proyecto de ley debido a que puede resultar un incentivo económico para los CFT e institutos profesionales aumentar las matriculas de los establecimientos.
“Es necesario revisar cómo se quiere avanzar en estos niveles, pensando si se va a respetar los criterios actuales existentes que incluyen la calidad de las instituciones, es decir la acreditación, y que sean instituciones sin fines de lucro”, dice Rojas.
Además, el investigador pone atención en que se deben mejorar las condiciones laborales de los egresados de estos centros.
“Lo importante es ver si va a existir un plan de fomento en cuanto al área técnica, tiene que haber una preocupación por la calidad de los trabajos y los sueldos que reciben hoy los técnicos, tiene que haber una decisión país de potenciar ya que hoy tenemos un déficit de trabajadores de este tipo”.
Ahora, resta que el ejecutivo presente a cabalidad el proyecto para saber el impacto que tendrá en más de un cuatrocientos mil estudiantes que están matriculados en los centros de formación técnica e institución profesionales.