La Reforma Educacional prometida durante la campaña de la actual Presidenta Michelle Bachelet ha empezado a tomar forma con leyes aprobadas como el fin a la selección, al lucro y al copago. Sin embargo, aún existe varios otros temas actualmente dentro de la discusión pública. Uno de ellos es el proceso de desmunicipalización previsto para que finalmente el Estado sea el responsable de la educación pública en Chile y no los alcaldes, vía las municipalidades, como ocurre hoy día.
Como el proyecto en cuestión aún no ha sido presentado, existe incertidumbre sobre los costos y alcances que podría tener esta medida.
La ONG Acción Educar realizó un estudio al respecto, concluyendo que el costo total del proceso de desmunicipalización en Chile sería de US$1.268 millones sólo durante el primer año de implementación.
Los principales números que elevan esta cifra se deben a deudas que mantienen actualmente los municipios, por ejemplo, de arrastre de remuneraciones y previsionales, que alcanzarían los $142 mil millones (estimación al año 2011 en pesos de enero de 2015), según la ONG. Estas deudas serían equivalentes a los déficits que mantienen hace años diversos municipios.
Otro elemento de la composición de la deuda, según Acción Educar, es por sobredotación docente para viabilidad del cambio, ya que por el cierre y fusión de establecimientos se va a necesitar la misma proporción de docentes/alumnos del sector particular subvencionado. Por ende, se tendría que indemnizar a aproximadamente 26 mil profesores municipales que se encontraban trabajando en 2014, lo que corresponde a un monto total del orden de $297 mil millones. Respecto a ello, el director Ejecutivo de Acción Educar, Raúl Figueroa, afirmó que “lo que ocurre hoy con los municipios es que tienen una sobredotación docente, tienen más profesores que los que el sistema efectivamente necesita”.
Otro de los ítems que influirían en este monto son los adelantos de subvención, que son dineros que han solicitado los municipios al Ministerio de Educación para financiar gastos urgentes, como retiro de profesores, por ejemplo. Con el fin de poder dejar saneada la deuda con el ministerio, pagar estos adelantos significaría un desembolso de $118 mil millones.
Según el estudio, también se deben considerar los aportes municipales que algunos ediles entregan anualmente al área de educación. El año 2013, último disponible en el Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), las transferencias municipales fueron de $203 mil 264 millones (en pesos de 2015).
Este dinero debería salir de lo recaudado por la Reforma Tributaria. Sin embargo, Figueroa planteó que “la Reforma Tributaria originalmente se decía que iba a estar destinada el 100% a educación, luego se dijo que iba a estar destinada en parte a educación y en parte a salud, luego se habló que dentro de educación serían distintas cosas y también que se va a destinar a la gratuidad universal en educación superior. El punto clave es que los recursos de la Reforma Tributaria no alcanzan para hacerse cargo de todas esas necesidades”.
Ante la cifra que significa la implementación del proceso de desmunicipalización y la incertidumbre que surge del origen de los recursos, el experto comentó: “No creo que (el Gobierno) esté subestimando los costos, parto de la base que hay gente seria en el ministerio, lo que sí es probable es que el Gobierno esté preso de ciertas promesas de campaña”.
Para el experto, uno de los mayores costos del proceso de quitar la responsabilidad de la educación a los municipios, es que con el actual sistema, mediante las elecciones, los vecinos podían presionar o “castigar” una mala administración en la educación de la comuna que se reflejaba en una mala calidad. Con el nuevo sistema, en cambio, esto se perdería, y pasaría la responsabilidad a agencias externas gubernamentales, las que para Figueroa tendrían el mismo rol que las municipalidades, por lo que no se entendería realmente por donde podría significar una mejora en la calidad de la educación en Chile.
Ver estudio de Acción Educar sobre desmuniciaplización.