Acción Educar, fundación dedicada al estudio, análisis y debate sobre educación, ha logrado visibilidad en los últimos años en los medios de comunicación opinando acerca de política educacional. Desde hace algunos días su director Ejecutivo, el abogado Raúl Figueroa, se sumó además a la campaña de Sebastián Piñera. Una vinculación ideológica que hace ver los planteamientos de la ONG como al menos una base para lo que podrían ser las propuestas del candidato de Chile Vamos.
En la charla con la que se inauguró el año académico de la Universidad Santo Tomás el día de ayer expuso acerca del proyecto de Ley de Educación Superior que lleva a cabo el Gobierno, sobre el cual tiene una visión bastante crítica.“Lo razonable sería que se hicieran modificaciones profundas a ese proyecto, para que, efectivamente, se adecue a las verdaderas necesidades de nuestro sistema de educación superior, mientras eso no ocurra yo veo poco probable que eso tenga una tramitación exitosa. Podría salir de la Cámara de Diputados, entendiendo que el Gobierno tiene ahí mayoría circunstancial, pero es muy probable que luego en el Senado la discusión se estanque”, comenta al respecto.En cuanto a lo que es sin duda el centro de esta política, la gratuidad, opina en tanto que lo más probable es que este año se mantenga a través de la Ley de Presupuesto. Sin embargo, su opción en temas de financiamiento es otra. “Creo que lo conveniente para el país es tener un mecanismo de gratuidad focalizada para los más vulnerables, y luego un régimen de crédito y de becas subsidiado que permite cumplir el mismo objetivo que la gratuidad, pero que no tiene los efectos negativos que la política de gratuidad universal produce”, explica.
– ¿Cuál es la postura de Acción Educar en cuanto al Crédito con Aval del Estado (CAE)?
– Nosotros creemos que el CAE es un instrumento que si bien es muy perfeccionable ha sido útil para facilitar el acceso a cerca de 800 mil jóvenes a la educación superior, y que el año 2012 tuvo importantes modificaciones que hicieron que el sobreendeudamiento que a lo mejor esa política podía llevar y, se restringiera, y desde ese punto de vista hoy en día es un instrumento bastante más adecuado de lo que era hace 5, 6 años, y creo que aún hay espacio para mejorarlo. Y creo que sería un error en todo caso en Chile terminar con el sistema de créditos, toda vez que bien diseñado permite, efectivamente, el acceso de los jóvenes a la Educación Superior, y es un mecanismo mucho más justo que el de la Gratuidad Universal toda vez que hace que quienes efectivamente se beneficiaron con el acceso a la universidad, sean quienes tienen que retribuir y no todo el país en beneficio de personas que tienen beneficios personales que a mi juicio no deben ser abordados por el erario público.
– ¿Qué opina del acuerdo alcanzado entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y el Gobierno por el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), que ha sido visto de diversas maneras entre los actores educacionales?
– Hay que recordar que en la última Ley de Presupuestos el Gobierno optó por no entregar recursos por AFI, dejando por esa vía de tener una ley de la República que establece la obligatoriedad de asignar esos recursos. Eso motivó una demanda de la Universidad Católica, y lo que hemos conocido ahora es una negociación en torno al mecanismo para poder término a ese juicio. En mi opinión, más que un error del Gobierno eso fue una omisión grave, y por lo tanto me parece correcto y adecuado que se corrija. Creo que es lamentable que haya tenido que intervenir una universidad a través de los Tribunales para lograr ese objetivo, pero en términos globales me parece positivo que se reconozca un error, y que apunte a corregir de una forma que efectivamente beneficie a todas las instituciones que salieron perjudicadas por la eliminación del AFI.