Reconocimiento a la autonomía universitaria
La autonomía de las instituciones de educación superior es fundamental para el adecuado desarrollo del sistema, siendo uno de sus elementos característicos la falta de intromisión de terceros o del Estado en la forma en que éstas toman sus decisiones para alcanzar sus propios fines específicos.
Esta semana se aprobó en particular en la Comisión de Educación del Senado, el proyecto de ley que elimina la prohibición para que estudiantes y funcionarios participen con derecho a voto en los órganos encargados de la gestión o dirección de las instituciones de educación superior y en la elección de autoridades. Se trata de una iniciativa relevante que reconoce el valor de la autonomía universitaria en cuanto elimina limitaciones legales respecto a cómo debe organizarse el gobierno interno de una institución, las cuales afectan dicha autonomía. Así lo hizo ver Acción Educar a los senadores de la Comisión la semana pasada, cuando fue invitado a exponer sobre esta iniciativa, momento en el que se entregó un informe sobre esta materia.
En la oportunidad también se planteó que así como es conveniente suprimir ciertas prohibiciones que restan independencia a las instituciones de educación superior respecto a su gobernanza, es necesario advertir sobre el riesgo de imponer, mediante ciertos instrumentos de política pública, modelos de gobierno interno determinados. Cualquier obligación de este tipo implica atentar contra la autonomía que este proyecto busca reconocer y reforzar y, por ende, debe evitarse.
Esto es relevante si se considera que, según el programa de gobierno, para implementar la gratuidad universal las instituciones deberán firmar un convenio con el Estado que establecerá ciertas condiciones que éstas deberán cumplir. Sería grave que uno de estos requisitos fuese la imposición de un modelo específico de gobierno institucional, forzando, por ejemplo, la participación directa de ciertos grupos. (Para ver otros efectos de la gratuidad universal pincha aquí)
Podría aprovecharse esta instancia para anticipar este riesgo e incorporar en el proyecto de ley en trámite una limitación a la actuación del Estado, que prohíba que la entrega de fondos públicos a las instituciones de educación superior se condicione a modificaciones forzosas en la manera de diseñar sus mecanismos de gobernanza o a la participación directa de ciertos grupos en la toma de decisiones. De esta forma se avanzaría hacia un proyecto de ley más completo y coherente.
