Por Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar.
Las dificultades que ha debido enfrentar la Democracia Cristiana en las últimas semanas han puesto a dicha colectividad en el centro del debate público. Como es obvio, el foco principal del análisis político ha estado en las elecciones presidenciales y la posición en la que el partido quedará dependiendo de si Carolina Goic se mantiene o no en carrera. Con todo, las tribulaciones de la DC tienen otros efectos que también requieren atención. Me refiero específicamente al rol que deberán jugar sus senadores en la segunda fase de tramitación de una de los proyectos emblemáticos de la Presidenta Bachelet: la reforma a la educación superior y la gratuidad universal.
De todos los partidos de la Nueva Mayoría, el que se ha mostrado más contrariado con la reforma educacional del Gobierno ha sido precisamente la Democracia Cristiana, aunque, ya sea por convicción o necesidad política, la ha apoyado con sus votos de forma sistemática. Esta tendencia puede variar a la luz de los últimos sucesos y del quiebre que han significado en el conglomerado de Gobierno. En efecto, el hecho de que la DC enfrente las próximas elecciones con lista y candidata propia conlleva su virtual marginación de la Nueva Mayoría y le otorga un grado de libertad que hasta ahora sus parlamentarios se han resistido a ejercer.
Lo anterior cobra mayor relevancia si consideramos que quien preside la Comisión de Educación del Senado es, precisamente, el influyente democratacristiano Ignacio Waker, que ha jugado un importante rol en la discusión educacional del país desde que asumió como senador y que, en reiteradas ocasiones, ha expresado su incomodidad con la reforma. Así, por ejemplo, al referirse a uno de sus ejes principales, el senador Walker ha señalado que “la gratuidad universal es conceptualmente dudosa e imposible de financiar”, además de “regresiva”, en la medida en que, a su juicio, “las familias de menores ingresos financian a las familias de mayores ingresos” (La Tercera, 13/5/2016). Con sus dichos, el senador hace propia una de las principales críticas al proyecto de ley en trámite, en cuanto la gratuidad universal implica un manejo irresponsable de los recursos públicos y un gasto injusto que beneficia a quienes menos necesitan, en desmedro de los más desvalidos.
El punto al que se refiere el senador es fundamental, ya que se trata de una crítica de fondo que no se resuelve con una transición gradual hacia la gratuidad, sino con un cambio radical a la política de financiamiento que el Gobierno propone.
La posición del presidente de la Comisión de Educación del Senado es consistente, además, con la actitud que tuvo mientras presidía también el Partido Democratacristiano. Es bueno recordar que en 2011, todos los presidentes de partido de la hoy Nueva Mayoría firmaron un documento en el que señalaban que debe existir un solo sistema de becas y créditos para la educación superior y que se debía ofrecer gratuidad mediante becas hasta los alumnos del séptimo decil. Todo muy lejos de la gratuidad universal que hoy algunos promueven.
No todo es malo, entonces, para la DC. Ese partido tiene una oportunidad histórica de mostrar coherencia y convicción, promoviendo los valores de un sistema de educción mixta que ha dicho defender y el diseño de políticas adecuadas que lo hagan posible.