El Ejecutivo presentó recientemente una serie de indicaciones al proyecto que pone fin al lucro, selección y copago de la educación escolar que se tramita actualmente en el Senado. Una de ellas propone que se distinga a las escuelas según el número de alumnos que tiene a su cargo el sostenedor que la gestiona, definiendo el límite en 400 estudiantes. Esta categorización tiene como propósito entregar una situación más ventajosa y una mayor flexibilidad a las escuelas más pequeñas para adaptarse a la reforma escolar, entregándoles más plazo para ser dueñas de su infraestructura (condición que impone el proyecto de ley) y dándoles también una alternativa para no obligarlas a comprar el inmueble mediante un contrato de uso de tiempo indefinido, incluso con terceros relacionados con fines de lucro.
Acción Educar realizó un estudio para analizar la conveniencia y efectos de esta distinción. En primer lugar el informe arroja que sólo un 23% de los alumnos en el sector particular subvencionado se verán beneficiados con esta disposición, toda vez que el 77% restante está en establecimientos gestionados por sostenedores con más de 400 alumnos. Dentro de este 77%, hay cerca de 700 mil alumnos prioritarios. Asimismo, esta indicación no hace diferencia por el nivel de educación que imparten las escuelas, por lo que las más perjudicadas son aquellas que imparten tanto educación básica como media, donde un 94% de ellas no cumple el requisito de los 400 alumnos. Por el contrario, las más beneficiadas son las escuelas de lenguaje, en que más de un 90% de ellas se verán beneficiadas por el mayor plazo y la posibilidad de no verse obligadas a comprar, eliminando por completo cualquier incentivo a aumentar su matrícula.
Grave efecto negativo: en contra de la evidencia se promueve que las escuelas pequeñas no crezcan
El análisis también muestra que a nivel internacional se aprecia que el tamaño medio de los establecimientos está muy por sobre los 400 alumnos, ya que según datos de la prueba PISA (2012), el valor medio de los tamaños de los establecimientos de los países de la OCDE es mayor a los 800 alumnos por escuela, lo que se suma a que esta cifra ha venido creciendo en el tiempo. Lo anterior es contradictorio con el incentivo que genera esta indicación en términos de promover que los colegios más pequeños se mantengan de esa forma.
Se suma que la evidencia incipiente para Chile indica que un mayor tamaño de la escuela trae aparejado mayores eficiencias, debido a las economías de escala, junto con un mejor desempeño académico, especialmente cuando las escuelas trabajan en red. Los resultados de la prueba PISA entregados el año 2013 por la OCDE, señalan que en Chile existe una relación positiva y significativa entre el desempeño en la prueba de matemática y el tamaño de la escuela, después de controlar por más de 40 variables. El estudio señala que por cada 100 alumnos existe un aumento en el puntaje de matemática de 3,4 puntos, manteniendo constante todas las demás variables
Todo lo anterior indica que no existiría sustento empírico que avale esta medida, que por lo tanto resulta arbitraria y que estaría aparejada a una serie de efectos negativos, tales como la confusión que le agrega a un proyecto de ley que ya es complejo, la discriminación injustificada a las escuelas y alumnos, y el incentivo que genera en las escuelas pequeñas a mantenerse como tal.
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