Desde el Ministerio de Educación se ha anunciado que los primeros proyectos de ley sobre educación escolar que se enviarán al Congreso consideran la prohibición del financiamiento compartido, del lucro y de la selección en los establecimientos educacionales subvencionados.
Respecto al financiamiento y costos de estas reformas, el director Ejecutivo de AcciónEducar sostiene que “aunque es necesario conocer los detalles de estas reformas, vemos que una de las medidas anunciadas por el Gobierno es el fin al lucro en materia escolar. Hoy alrededor de 3 mil colegios están organizados como sociedades comerciales, y reciben cerca de un millón de alumnos. Los sostenedores de estos establecimientos van a tener que decidir si sus colegios dejan de ser sociedades comerciales y pasan a ser corporaciones sin fines de lucro, o bien van a tener que cerrar. En los casos de cierre, el Estado tendría que mantener esos servicios educativos, porque hay niños que van a esos colegios, y además el Estado tendría que indemnizar a esos sostenedores particulares, de algún modo comprar esos colegios”. Ante este escenario advierte que “por lo tanto, lo que sucedería, es que la mayor recaudación de recursos fiscales no estaría inyectando nuevos recursos al sistema educacional sino que se destinaría a comprar infraestructura ya existente”.
Respecto al anuncio de un proyecto de ley que terminaría con el financiamiento compartido, es decir, el aporte económico que los padres hacen para la educación de sus hijos en colegios subvencionados, Raúl Figueroa explica que “anualmente los padres hacen un aporte de aproximadamente US$ 500 millones por este concepto, los que deberán ser asumidos por el Estado. Nuevamente pareciera que la reforma escolar, más que inyectar nuevos recursos, lo que hace es reemplazar aportes que hoy ya existen, por aportes del Estado”.