Distinta a la Ley de Inclusión y que impulsa a los colegios de “élite” contar con por lo menos un 30% de alumnos provenientes de sectores vulnerables, son algunas de las principales características del nuevo sistema de “admisión justa” impulsado por el gobierno.
Diversas críticas desde múltiples sectores políticos e instituciones del país, ha tenido el Sistema de Admisión Especial (SAE) que fue presentado la semana pasada por el ministerio de educación y que busca poner fin a la selección, al lucro y al copago en el nivel escolar. Este proyecto de ley que pone “énfasis en comprender la educación como un derecho social” es de cierta manera “contradictorio” ya que “segrega los cupos por la capacidad de pago de las familias (copago)”, manifiesta Loreto Jara, Investigadora de Políticas Educativas de Educación 2020.
En efecto, esta norma que a diferencia del proyecto Ley de Inclusión impulsado por el gobierno anterior, incorpora a los hermanos no consanguíneos que viven en el mismo lugar, busca “impedir a los colegios seleccionar por X características a los estudiantes que postulen a ellos”, explica Jara, quien además agrega que en comparación al SAE la Ley de Inclusión “es mejorable” pero como esta aún no rige en la región Metropolitana “modificarla antes de tiempo, no corresponde”, declara la investigadora.
Por otro lado, María Jesús Castro, investigadora de Acción Educar, explica que el proyecto de ley presentado por el Mineduc busca “regular una situación excepcional” que tiene el sistema educacional que se “relaciona con los liceos de excelencia para dar espacio a un tipo de educación que favorece a la movilidad social y la diversificación de las elites”, y agrega que una de las soluciones planteadas para combatir poner fin a la segregación es precisamente exigir a “estos tipos de establecimientos, que cuenten con al menos un 30% de alumnos vulnerables”.
Contra “los principios de inclusión” que tienen como principal objetivo orientar al sistema de admisión escolar, “ya que supone que existen estudiantes de primera categoría” quienes tienen derecho a acceder a mejores escuelas, mientras que existen estudiantes de “segunda categoría”, que por tener menos rendimiento académica – baja notas – “aparentemente tiene menos oportunidades de acceder a una educación de calidad”, garantiza la experta.
La institucionalización de “canales de información, como se está haciendo con las entrevistas” o “a través de ferias informativas” es crucial para que los padres para que estos “determinen sus preferencias” y elijan un establecimiento, afirma la investigadora.
Desde Educación2020 se ha impulsado la campaña #LaEducaciónNoEsPremio que busca elementos concretos para “avanzar en educación inclusiva y no avanzar en caminos que perpetúan la segregación desde el mundo escolar”, explica la especialista, quien además manifiesta que en lugar de dar “toda la energía a los ‘buenos estudiantes’ y ‘buenos colegios’ para educar bien a unos pocos en desmedro de otros” la necesidad de “concentrar los esfuerzos del país en pensar formas de hacer que cada escuela y liceo tenga herramientas para educar en la diversidad” es una solución “crucial para el sistema educacional del país”, concluye.
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