Simce: Negar a los padres el derecho a conocer los resultados de los establecimientos es un grave retroceso
La semana pasada se dio a conocer que en medio de la Ley de Presupuesto 2015 se aprobó en el Congreso una indicación de última hora que restringe la entrega y difusión de los resultados Simce de los distintos colegios a las familias.
Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar rechazó la medida y sostuvo que “desde el punto de vista del diseño de política pública, lo que hace esta indicación es impedir el adecuado funcionamiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad que está instaurado en Chile y que tiene como uno de sus pilares esenciales la entrega a las familias de la información del funcionamiento del sistema educacional y de los resultados de aprendizaje de los colegios para que puedan por esa vía tomar decisiones informadas sobre la educación de sus hijos”.
Con esta indicación las familias sólo podrían acceder a los resultados de Simce de manera agregada a nivel nacional, regional o comunal, pero quedan imposibilitadas de conocer los resultados de establecimientos específicos que sean de su interés, información que es relevante tanto para la transparencia del sistema como para la toma de decisiones de los padres. “Resulta una muy mala decisión y un grave retroceso haber aprobado esta indicación. La libertad de elección de los padres solo puede operar si ellos cuentan con la información necesaria”, afirma Raúl Figueroa.
Además, el director ejecutivo resalta que “llama la atención que se haya aprobado esta indicación que prohíbe entregar información del Simce estando pendiente las conclusiones de la Comisión convocada por la Presidenta para estudiar el mejor funcionamiento del Simce. No se sabe todavía lo que va a concluir dicha comisión, pero al parecer es irrelevante lo que salga de allí porque las decisiones se están tomando por la vía legislativa”.
Finalmente, a nivel jurídico, se observa que esta indicación está modificando normas permanentes que están establecidas en la Ley General de Educación que establecen la obligación para la Agencia de la Calidad de Educación de entregar información de los resultados del Simce tanto a nivel nacional como por establecimiento. “Lo que hace esta norma es alterar un régimen general que emana de la Ley General de Educación y evidentemente un cambio de ese tipo requiere una discusión mucho más compleja que no puede llevarse a cabo mientras se discute el presupuesto cuya finalidad es distinta a la del profundo análisis que requiere el Sistema de Aseguramiento de la Calidad”, explica. También agrega que una modificación a dicha ley hubiera requerido para su aprobación votarse de manera separada del resto de las disposiciones del presupuesto tal como lo dispone la ley orgánica constitucional del Congreso, “situación que no ocurrió en este caso y por lo tanto la medida tiene un origen viciado que a mi juicio debe corregirse”.
