Tras fallo del TC: “Las becas son un buen camino porque permiten una mejor asignación de recursos, son viables y no discriminan arbitrariamente”
El fallo del Tribunal Constitucional (TC) respecto a la glosa de gratuidad fija el estándar al que debe adecuarse toda política que tenga por objetivo establecer mecanismos que faciliten el acceso de los jóvenes más vulnerables a la educación superior, estableciendo con claridad que no se puede discriminar arbitrariamente entre jóvenes de igual condición socioeconómica y que, por ende, los requisitos que se establezcan deben ser iguales y posibles de cumplir para todas las instituciones.
“El fallo lo que dice es que no se pueden exigir requisitos distintos dependiendo la institución. La glosa, por ejemplo le pedía 4 años de acreditación a las instituciones fuera del CRUCh y en cambio no se le exigía lo mismo a las universidades que pertenecen a ese consejo, donde en efecto existen planteles con menos años de acreditación. Lo mismo sucedía con el criterio de participación estudiantil. Ese tipo de requisitos diferenciados constituye una discriminación arbitraria no sólo hacia un grupo de instituciones, sino que especialmente hacia los alumnos que allí estudian” explicó Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar.
Tras el fallo del TC, se abren distintas alternativas para redistribuir los recursos de la glosa en cuestión. La declaración de inconstitucionalidad no impide que se utilice el monto de la gratuidad para beneficiar a los estudiantes, solo objeta los criterios que establece para seleccionar las instituciones. Por lo tanto, es posible diseñar formas alternativas para usar los recursos del ítem en beneficio de los estudiantes, y que no discriminen arbitrariamente ni a estudiantes ni a instituciones. La glosa establecía que se entregaría gratuidad a los alumnos del 50% más vulnerable que estudien sólo en las universidades del CRUCH y en unas pocas privadas fuera del Consejo (alrededor de tres) y algunos planteles técnicos, los cuales debían cumplir con una serie de requisitos que fueron declarados discriminatorios.
El director ejecutivo plantea que un escenario posible y adecuado es que el gobierno extienda la gratuidad a través de becas a alumnos de más instituciones, estableciendo como requisito el que la institución esté acreditada (o estableciendo una cantidad de años mínimos) y que el estudiante tenga necesidad económica. En esa línea, según cálculos de Acción Educar, con los recursos disponibles en la glosa de gratuidad se podría beneficiar con becas completas (arancel real) a todos los alumnos de hasta el tercer decil (30% más vulnerable) que estudien en planteles acreditados, es decir más de a los 226 mil 400 alumnos. “Este es un buen camino porque permite una mejor asignación de recursos, es viable jurídicamente y no discrimina en forma arbitraria” sostiene.
Bajo este esquema, se beneficiaría con esta beca a 68.000 alumnos del Cruch, mientras que en IP y CFT se llegaría a 111.599 estudiantes. En tanto, los de las universidades privadas acreditadas serían 46.283.
Lo anterior, tendría un costo de $ 266 mil millones, es decir, unos US$ 380 millones, lo que representa casi la mitad de los recursos considerados para la glosa de gratuidad. Los $277 mil millones restantes de la glosa, “no son recursos extras para gratuidad, sino que fondos que antes se destinaban a becas”, explicó Figueroa, quien agregó que bajo esta proyección “esos recursos debieran volver a ese propósito y, junto a los $ 266 mil millones permitirían una cobertura completa del arancel real de los estudiantes del 30% más vulnerable del sistema acreditado”.
Finalmente destacó que más allá de los criterios arbitrarios que rechazó el tribunal, la gratuidad para 2016 planteada por el gobierno tiene otros efectos perjudiciales que no deben olvidarse y que no se solucionan con un cambio de los requisitos: “En particular esta gratuidad genera déficit en las universidades que se adhieran lo que puede afectar su calidad y además se vulnera la autonomía institucional que le cabe a cada universidad o plantel técnico para su buen desarrollo”.
Acción Educar participó de las audiencias públicas que se realizaron ante el Tribunal Constitucional previo al fallo.
