Todos los años, el Ministerio de Educación fija un monto máximo que el Estado puede pagar por una carrera. Se trata del arancel de referencia, que beneficia a aquellos que obtengan becas y créditos. Entre las consideraciones se encuentran la acreditación de las instituciones y académicos que trabajan, entre otras cosas. La diferencia entre el arancel real, que es el verdadero costo de la carrera y el de referencia debe ser asumida por el estudiante. En esa línea, se estima que el 86% del total de las carreras tendrán brechas de menos de un millón de pesos, es decir unos 100 mil pesos deberán salir de los bolsillos de los estudiantes, lo que preocupa a distintos actores sociales, tanto de instituciones públicas como privadas.
Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar explica que “las universidades privadas no reciben aportes del Estado como sí lo hacen las privadas que forman parte del Consejo de Rectores (CRUCH) y las estatales”.