El director ejecutivo de Acción Educar, Raúl Figueroa, presentó en la Comisión de Educación del Senado sus reparos al proyecto de Educación Superior.
Para empezar, indicó que los defectos de la reforma responden, principalmente, a que fue diseñada en base a un diagnóstico errado ya que omite los logros del sistema vigente (ampliación de la cobertura y las ventajas e impacto de las ayudas estudiantiles basadas en becas y créditos).
Posteriormente, la presentación se centró en tres aspectos principales:
La política de gratuidad es negativa para el sistema ya que implica un alto costo fiscal que no está financiado, es regresiva y su diseño basado en la fijación de precios y vacantes pone un techo al desarrollo de las instituciones.
Como resultado de la aplicación del proyecto se restringe la autonomía y la diversidad del sistema, lo que repercute directamente en la calidad.
Si bien la idea de contar con una Superintendencia que fiscalice el cumplimiento de la normativa y contribuya a recuperar la confianza en el sistema de educación superior es compartida, se le atribuyen ciertas atribuciones que afectan la autonomía de las instituciones y establece prohibiciones que son desproporcionadas respecto del objetivo que buscan.
Informe elaborado por el abogado Patricio Zapata concluyó que el proyecto incurre en inconstitucionalidad, principalmente porque tiene una visión de la autonomía contraria a lo que establece la Constitución.
Además, el constitucionalista enumeró otros aspectos a tener en cuenta como los requisitos para integrar el Cruch, el Sistema único de acceso, entre otras.