Columna en El Líbero: Visiones contrapuestas sobre nuevo crédito estudiantil

• 23 de Julio, 2018

Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar.

Durante las últimas semanas, varios rectores de instituciones de educación superior emitieron opiniones sobre los posibles impactos del nuevo Sistema de Financiamiento Solidario, o SIFS, que reemplazará al Crédito con Aval del Estado por un préstamo estatal contingente al ingreso sin la intermediación de la banca.

Las primeras críticas fueron formuladas por el rector de una universidad privada adscrita a la gratuidad. Su postura llama la atención: el crédito propuesto por el gobierno sería financieramente más conveniente para las instituciones de educación superior que la política de gratuidad. El argumento reza que, dado que el nuevo diseño de financiamiento estudiantil es superior, en particular porque incorpora menores restricciones de regulación de aranceles para los deciles 7, 8 y 9, entonces no debe prosperar. Todos deben ser sometidos a las mismas restricciones. Otro rector señaló, haciendo gala de un pensamiento mágico, que para compensar a las instituciones por el desastre financiero de la gratuidad, el Estado debía otorgarles fondos basales.

El segundo grupo de críticas va justamente en dirección contraria. Descontando que es bastante evidente que el SIFS es muy superior en términos de diseño de política pública que la gratuidad, el problema es que “contagia” al sistema libre con las limitantes y regulaciones de dicha política. Esta restricción es la fijación indirecta de precios, al obligar a las instituciones a co-financiar con un crédito interno la diferencia entre lo que aporta el Estado y el arancel real para los estudiantes pertenecientes al 60% más vulnerable. Esta limitación puede traducirse en menores ingresos para invertir en calidad y en una restricción al crecimiento de las instituciones por vía de los aranceles, lo que reduce la autonomía de las instituciones y, al mediano plazo, su diversidad.

¿Tienen fundamento estas críticas? Cuando se sostiene que el nuevo sistema de créditos es mejor que la gratuidad, y que por ello debe ser empeorado a propósito, claramente se cae en el “nivelar para abajo” o, en nuestra propia jerga de política educacional, en “quitar patines”. Además, demuestra un grado de mala fe: las instituciones gratuitas, con restricciones y todo, compiten con tremenda ventaja para atraer estudiantes vulnerables y talentosos. Con el nuevo crédito, los estudiantes vulnerables tendrán gratuidad al momento de estudiar, pero luego deberán restituir los fondos. Algunas universidades privadas fuera del CRUCH que participan en la gratuidad parecen querer victimizarse por una decisión que tomaron libre y voluntariamente. Y como ahora no quieren asumir los costos de salir, tratan de arrastrar a otras a su martirio.

Por otra parte, es difícil negar que el SIFS implicará menores ingresos para las instituciones a causa de la fijación de aranceles. Es cierto que es posible complementar el crédito con las becas de arancel que usualmente han estado disponibles para los estudiantes más vulnerables. Pero, a menos que éstas aumenten significativamente en número, la cobertura será insuficiente para evitar las consecuencias de la fijación de aranceles. Además, las becas no están definidas en una ley permanente, se aprueban año a año en la Ley de Presupuestos. Esto es un riesgo, que crece significativamente cuando las instituciones tienen los precios fijados por el SIFS y se vuelven dependientes de las becas para no entrar en déficit. En el gobierno anterior, los fondos basales para las estatales y para las privadas CRUCH fueron traspasados a leyes permanentes. Esta es una oportunidad para hacer lo propio con los beneficios estudiantiles.

Leer columna en El Líbero.