Columna en La Segunda: Avanzando en la dirección equivocada

Por María Jesús Castro, investigadora de Acción Educar.

En las últimas semanas hemos visto dos mociones parlamentarias que modifican el sistema de evaluación escolar, reemplazando la escala de 1 a 7 por un sistema cualitativo, para terminar con el supuesto agobio de los padres y estudiantes. Es en el fundamento del proyecto donde surge la primera preocupación: no se presenta evidencia de que exista una relación entre agobio y frustración de los alumnos con una evaluación numérica.

A su vez, da la sensación de que nuestros legisladores nuevamente quieren ir más allá de las atribuciones que la ley les otorga. Es el Ejecutivo, a través de la Unidad de Currículum y Evaluación, quien le presenta al Consejo Nacional de Educación, propuestas de modificación al Decreto de Evaluación, Calificación y Promoción, que regula estas materias. Es más, el último cambio se produjo recién en enero pasado y fue ampliamente comentado, tanto por expertos como por la opinión pública.

Estos proyectos van dirigidos a limitar la autonomía de los establecimientos educacionales y la capacidad de construir proyectos particulares. Actualmente los colegios cuentan con la libertad para decidir la forma más adecuada de evaluar a sus alumnos, y entre esas opciones se encuentra el sistema cualitativo. Solo tienen la obligación de reportar una calificación final al Ministerio de Educación en la escala de 1 a 7, por lo que un proyecto de ley no es necesario para regular estas materias.

El proyecto de la diputada Girardi le agrega un elemento adicional que es la eliminación del Simce tal como lo conocemos hoy, planteando que deberá ser de tipo muestral cuando la evaluación recaiga en algún nivel del primer ciclo básico. El Simce de cuarto básico ha sido históricamente utilizado para la elaboración y/o modificación de políticas públicas de educación y es un instrumento clave para el trabajo de la Agencia de Calidad. El problema se produce cuando los datos son mal utilizados y es aquí donde se debe avanzar.

Ambas iniciativas buscan reemplazar un sistema por otro, pero postergan la discusión de fondo sobre qué es lo que vamos a evaluar. Si la motivación de los parlamentarios es avanzar en calidad de la educación, es aquí donde debiera estar el foco del debate.

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Escrito por María Jesús Castro Larraín

Socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Trabajó como investigadora externa del área de educación del Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se desempeñó profesionalmente en la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo de Barrios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Luego trabajó durante cinco años en Imaginacción Consultores, especializándose en la gestión de asuntos públicos. Actualmente preside el Consejo de la Sociedad Civil de la Dirección de Educación Pública.