Columna en La Tercera: Gratuidad universal; en búsqueda de alternativas viables

• 6 de Julio, 2016

Por Daniel Rodríguez, investigador de Acción Educar

La propuesta de reforma de educación superior del gobierno está bajo fuego. La crítica ha sido transversal y el Ministerio parece estar quedándose sin aliados. Es algo esperable cuando se pretende refundar un sistema complejo y reconfigurar su lógica en base a una promesa tan vaga como irrealizable. Nadie serio, ni dentro o fuera de la Nueva Mayoría, puede afirmar que pensaba que la gratuidad universal sería posible. Las estimaciones se hicieron hace tiempo, y rozaban los 5.000 millones de dólares. Siempre fue un delirio, una promesa falaz, ningún mecanismo resolvía el problema de la falta de recursos. Pero por fin han dado frutos los viajes ministeriales: para financiar la educación como lo hace Finlandia, hay que tener el PIB de Finlandia.

Sorprende que la oposición y los sectores moderados del oficialismo no hayan sido capaces de repensar el problema de la educación superior desde una perspectiva más amplia. Insistir en que el gobierno no ha cumplido su promesa no es mucho más que un eslogan de campaña de concejal. El tema es cómo se manejan las múltiples expectativas creadas en base a dos años de filtraciones, minutas, anuncios, fechas y más fechas, deciles más y deciles menos. Se debe configurar una contrapropuesta en base a la “confesión de partes” de que la gratuidad universal no es viable. Se debe recanalizar este debate hacia la razonabilidad y la responsabilidad fiscal.

Un primer paso es descartar de plano la idea de ofrecer una “mejor gratuidad universal”. Es el momento de defender políticas públicas responsables y volver a lo obvio: la gratuidad universal es una política regresiva, injusta, extremadamente cara, y que genera muchos más problemas de los que eventualmente podría solucionar. Una combinación de becas de mérito ajustadas por nivel socioeconómico y créditos contingentes son una mejor solución. También evaluemos lo que tenemos: el Crédito con Garantía Estatal es una herramienta perfectible, pero como incluso el mismo gobierno ha reconocido, es la mejor alternativa para sostener la cobertura que se ha alcanzado, especialmente en la educación técnico profesional. Si se busca insistir en la idea que el 50% de los estudiantes más vulnerables no paguen arancel, esto puede hacerse sin tratar a nuestras universidades como una empresa de agua potable, esto es, sin fijar los aranceles. Y por supuesto, el financiamiento no es el único tema.Las propuestas de aseguramiento de la calidad y fiscalización deben analizarse a la luz del desarrollo histórico de nuestro sistema, la libertad de enseñanza, el valor de la diversidad y en particular, de la autonomía de las instituciones. Es alrededor de estas ideas que se debe enfrentar el debate de la educación superior.

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