Columna en La Tercera: Más información para mejores decisiones

• 22 de Agosto, 2018

Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar.

Dos noticias relacionadas al mundo de la educación, aparentemente inconexas, tienen en común una preocupante tendencia que se ha ido desarrollando lenta pero persistentemente en nuestro sistema educativo. Por una parte, un proyecto de ley impulsado por la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados busca, dentro de otras cosas, prohibir la aplicación de pruebas estandarizadas (Simce) de primero a cuarto básico. Por otra, el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh) tomó la decisión, arbitraria y unilateral de restringir el acceso a las bases de datos de puntajes de la PSU a las mismas universidades, que usaban esta información para ofrecer vacantes y beneficios a los estudiantes que habían manifestado interés en ingresar a ellas o hacían parte de programas propedéuticos. ¿Qué hay en común en ambas iniciativas? Menos información para la toma de decisiones autónomas de las personas respecto a su propia educación y la de sus hijos.

Aquí no podemos ver malas intenciones. Efectivamente ambos problemas se originan en un uso indeseado de la información. En el caso del Simce, su función es de termómetro de la educación a nivel nacional, referente de comparación de escuelas -algo que el gobierno anterior intentó prohibir, lo que fue impedido por el Tribunal Constitucional- y estándar para la rendición de cuentas de los establecimientos. Pero ha sido a veces utilizado para guiar pedagógicamente la enseñanza, lo que lleva a un entrenamiento mecánico que estandariza la educación, reduce la diversidad del sistema y distorsiona el propósito de esta herramienta. Las bases de datos de puntajes de la PSU han sufrido otro tipo de usos inadecuados, debido principalmente a filtraciones de información en distintos sitios web extraoficiales sin relación con las universidades o el sistema de admisión.

Sin perjuicio de ello, las medidas que se sugieren desde el parlamento y el CRUCh son desproporcionadas y lesionan aspectos centrales para un sistema educativo basado en la libre elección. Respecto del Simce, no se justifica eliminar de plano la medición de cuarto básico, que es una de las más antiguas y ha entregado información clave para el desarrollo de políticas públicas a todos los gobiernos, tanto respecto de aprendizajes como de equidad. Es esta medición, ni más ni menos, la que nos permite decir que las diferencias de logros de aprendizaje entre hombres y mujeres en matemática son producidas y reforzadas durante el paso de los estudiantes por el sistema escolar, y es ahí donde debemos intervenir. Lo que debe buscarse, y la Agencia de Calidad debe velar por ello, es que los resultados no se usen de manera inadecuada, pero eliminarlos de cuajo es algo que resulta miope.

Respecto de la información de resultados PSU, ocurre algo similar. Algunas universidades han señalado que la restricción establecida limita su capacidad de ofrecer beneficios, como becas, a quienes ya han manifestado, voluntariamente, interés en su proyecto educativo, y han entregados sus datos para ese fin. Evidentemente la información personal de los estudiantes debe resguardarse según indica la ley, pero ello no es incompatible con que los puntajes puedan usarse para entregar ayudas o dar cuenta de oportunidades. Mal que mal, se trata de más información para una decisión importante, en la que no puede verse como negativo contar con varias opciones para elegir. Al menos podría ser el estudiante el que toma la decisión -no muy racional- de no enterarse de alternativas de estudio y becas de arancel que lo benefician, pero en ningún caso puede ser el CRUCh. Argumentar “caza” de estudiantes o que dichos contactos perturban la decisión de matrícula es infantilizar a los alumnos, asumiendo que ciudadanos con derecho a voto no tienen capacidad de discernir sobre qué les conviene. Esto parece simplemente la actitud de un monopolio que quiere evitar cualquier innovación que toque sus intereses, y debiera, al menos, postergarse hasta medir su real impacto.

Una de las tareas centrales para el sistema educativo es recuperar la confianza. Cuatro años de lucha política e ideológica basada tanto en una desconfianza visceral hacia las instituciones educativas como en la regulación estatal como única solución posible, ha tenido un costo. Pero para avanzar, ese conflicto debe detenerse, aunque siga siendo rentable para los intereses políticos de algunos actores. En ese sentido, es muy valorable que el Mineduc se haya pronunciado claramente a favor de mayor información y más transparencia en el sistema.

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