Columna en La Tercera: Para qué investigar el CAE

• 31 de Mayo, 2018

Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar.

En los primeros días del mes se constituyó en la Cámara de Diputados una Comisión Investigadora transversal cuya finalidad es indagar sobre “los actos de gobierno” en la implementación del Crédito con Garantía Estatal, más conocido como CAE. Independiente de las finalidades y rentabilidades políticas que los distintos impulsores de esta comisión puedan esperar tener, es positivo que los legisladores dediquen un tiempo especial a estudiar con detenimiento las políticas de crédito universitario implementadas en el país. Esto es especialmente relevante cuando el Ministerio de Educación ha anunciado, tal como lo preveía el programa de gobierno, una modificación importante al actual CAE.

¿Qué encontrarán?

Primero, nada demasiado nuevo. La Comisión Ingresa, institución pública encargada de administrar el crédito, ha sido en general transparente en publicar toda la información referente a esta política. Al estar sometida a la Ley de Transparencia, cualquier duda particular que ciudadanos, políticos e investigadores pudieran tener, puede resolverse mediante una consulta. Los ministros que elaboraron dicha política, así como quienes la han modificado, siguen participando activamente del debate público. Varias instituciones de la sociedad civil han investigado desde distintas perspectivas las consecuencias de esta política pública, y consecuentemente han hecho propuestas. No se trata de una “caja negra”.

Segundo, me imagino que algunos se sorprenderán del enorme impacto positivo en el acceso a la educación superior que ha tenido el CAE. Si se rememora la situación fiscal, política y universitaria del 2006 –algo que espero que la comisión priorice-, será fácil para los diputados ver que el sistema de educación superior de Chile era simplemente incapaz de recibir a una significativa masa de estudiantes egresados de la educación media, que, si bien contaban con las capacidades académicas para estudiar, no contaban con los medios económicos para hacerlo. Las instituciones del Cruch, a las cuales el Estado les otorgaba becas y créditos para sus estudiantes, no estaban especialmente interesadas en expandir su oferta a esos estudiantes. En consecuencia, existía una barrera efectiva al acceso a la educación superior para cientos de miles de jóvenes, y el Estado no estaba haciendo nada para ayudarles. Es necesario que los diputados entiendan que, tanto hoy como cuando fue diseñado, la alternativa al CAE no es la gratuidad, la alternativa al CAE es simplemente no estudiar. Hoy, nuestras cifras de acceso a la educación superior son comparables a las de un país desarrollado.

Tercero, es también probable que los diputados se encuentren con datos muy sorprendentes entregados por el Ministerio de Hacienda respecto al CAE. La cuota promedio mensual a pagar es de algo más de 30 mil pesos. Más de 220 mil beneficiados están al día. La deuda promedio es de 6.2 millones de pesos, una cifra muy inferior a las consignas y carteles que suelen verse. Solo un 17% de los deudores al día se acoge a una rebaja en su cuota, lo que implica que la inmensa mayoría de los deudores al día paga menos de un 10% de su renta. Un estudio de Acción Educar sobre movilidad social de deudores del CAE acogidos a los beneficios de contingencia al ingreso y que pertenecían al 20% más vulnerable, tienen un sueldo entre 100% y 150% mayor al de todo su grupo familiar de origen. Si bien se trata de promedios, estos datos no dejan al CAE mal parado.

Cuarto, es de esperar que la comisión se aboque a un estudio serio de por qué y para qué existen créditos para la educación superior. Detrás de las políticas de créditos hay elementos conceptuales y valóricos muy relevantes. Es evidente que proveer educación superior es caro, de hecho, es cada vez más caro en Chile y en el mundo (según el College Board de Estados Unidos, los aranceles de las instituciones públicas en ese país han aumentado en más de 200% desde 1987). Por lo tanto, no todas las personas están en condiciones de pagar la educación superior, y en consecuencia es necesario que el Estado apoye a quienes, por razones económicas o sociales, están impedidos de hacerlo. Pero es igualmente evidente que quien estudia se beneficia económicamente de ello. Según la OECD, el sueldo de alguien que estudia en la educación superior en Chile es 2,37 veces superior a quienes solo cuentan con educación media. Por lo tanto, es del todo razonable que restituya, al menos en parte, los recursos que sus conciudadanos –incluyendo quienes les servirán la comida en los restaurantes, limpiarán sus calles, educarán a sus hijos y sanarán a sus padres– les han brindado. Comprender esto será clave para que la comisión pueda asumir que, a pesar de los problemas de las políticas de crédito, estas son justas, eficientes y responsables, y pueden ser mejoradas.

Finalmente, y en la línea de lo anterior, es fundamental que el trabajo de la comisión se oriente a proveer antecedentes respecto de la nueva política de créditos para la educación superior que Chile necesita, en lugar de alargar una discusión sobre la cual hay bastante poco que investigar, y mucho que hacer.

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