El Líbero: Reforma educacional, descoordinación al interior del Estado

28 de Agosto, 2017

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Por Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar.

La Comisión de Educación del Senado se encuentra conociendo el proyecto de ley de reforma al sistema de educación superior chileno, luego que éste fuera aprobado por la Cámara de Diputados tras un año de tortuosa tramitación. Todo indica que las críticas que rectores, académicos y expertos hicieron ver a los diputados se repetirán en la cámara alta, sin que exista claridad respecto de si ahora serán efectivamente atendidas por el Poder Ejecutivo y los parlamentarios.

Conscientes de la complejidad del proyecto que deben tramitar, los senadores han hecho presente la importancia de abordar el asunto con calma, para lo que están celebrando audiencias que permitan recoger opiniones diversas. Esas audiencias están recién comenzando y, esperamos, debiesen prolongarse todo lo que sea necesario para que se genere un debate amplio que permita a los parlamentarios tener una visión clara de los efectos que el proyecto de ley implica para el desarrollo del sistema educacional.

Una de las presentaciones ante la Comisión del Senado que llamó la atención la semana pasada fue la que realizó el presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), órgano que tiene a su cargo la acreditación de las instituciones de educación superior y que es una de las piezas claves del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. No obstante que junto al presidente del Consejo Nacional de Educación y al Jefe de Educación Superior del Mineduc, el titular de la CNA conforma el comité coordinador de dicho sistema, lo que quedó en evidencia es la falta de coherencia entre las visiones de los distintos órganos del Estado a cargo de velar por la calidad de la educación superior chilena.

Las críticas de la CNA se centraron en las normas del proyecto de ley que inciden en el aseguramiento de la calidad. En síntesis, apuntan a la forma en que se pueden ver afectadas la diversidad del sistema de educación superior y la autonomía de las instituciones para llevar a cabo sus proyectos, así como a una visión equivocada de las características que debiese tener un sistema moderno de aseguramiento de la calidad. A continuación, analizaremos las que nos parecen más relevantes.

Un aspecto interesante que evidencia la falta de coordinación en las propuestas del Ejecutivo con los órganos encargados de implementarlas es la excesiva carga de trabajo que las nuevas tareas implican para la CNA, así como la dificultad técnica de llevarlas a cabo de manera efectiva. Las nuevas funciones que se le asignan al órgano estatal implican aumentar el volumen de tareas de 76 en el año 2015 a 603 hacia 2022, esto es, multiplicar por ocho la carga de trabajo en sólo siete años.

El presidente de la CNA también se refirió en términos críticos a la forma en que el proyecto de ley tensiona la autonomía de las instituciones de educación superior. La iniciativa sugiere que una institución acreditada por cuatro años no está en condiciones de decidir la apertura de nuevas sedes o programas, lo que evidentemente le resta relevancia a la acreditación obtenida. En opinión de la CNA, una institución con cuatro años de acreditación debe expresar su autonomía mediante sus planes de mejora.

Por último, se hizo presente por la CNA el evidente riesgo de reducir la diversidad del sistema educacional y la autonomía de las instituciones al centrar la acreditación sobre la base de estándares iguales que podrían conducir a uniformar estrategias. Textualmente se señala que “el actual sistema, diverso y heterogéneo, puede verse forzado a la homogeneización.”

Un buen sistema de acreditación debe reconocer las características propias de cada institución y cuidar que tengan los mecanismos para impulsar sus propósitos. La CNA advierte sobre el riesgo de impulsar a las instituciones a centrar sus esfuerzos en asuntos que no necesariamente son coherentes con su propia y legítima misión.

Las observaciones de la CNA son fruto de la experiencia de dicho organismo en el aseguramiento de la calidad de la educación superior. Una buena política pública debiese ser capaz de reconocer esa experiencia y de construir sobre ella. El Ejecutivo falló al no considerarla en su proyecto de ley; el Senado tiene la oportunidad de enmendar ese error.

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