Mientras que CENDA llamó decididamente a terminar con lo que llamó un impuesto encubierto y a no avanzar en una fórmula similar, sugiriendo en reemplazo emplear los recursos fiscales en aumentar la gratuidad; Acción Educar observó que el instrumento permitió ampliar el acceso a la educación superior, en un contexto de estrechez de recursos del país.
Con la visión especializada del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA) y de Acción Educar, la Comisión Investigadora sobre el Crédito con Aval del Estado (CAE) continuó su trabajo en pro de analizar el sistema de créditos para el financiamiento de la educación superior.
Los primeros en intervenir fueron los representantes de CENDA: la directora del Centro, Roxana Pey; y el vicepresidente del organismo, Manuel Riesco. Ambos fueron claros en refutar tanto el actual sistema de crédito como la posibilidad de establecer una fórmula similar, por más que esta vía implique la salida de la banca.
Según expusieron a los diputados de la Comisión, el CAE correspondería a un impuesto encubierto “inmoral”, que afectaría principalmente a la clase media. Estimaron que la mejor opción sería emplear los recursos fiscales en un aporte directo a los establecimientos educacionales y financiar por ese camino los dos tercios de los estudiantes de la educación superior.
Para su visión, tomaron como referencia la sumatoria de recursos que implican los dineros destinados por el Estado al sistema de crédito, más lo que se considera hoy para becas y para la gratuidad. Según indicaron, la cifra bordearía los dos billones de pesos, lo cual representaría unos dos tercios de los ingresos por efecto de aranceles de todas las instituciones de educación superior.
Otro punto defendido por los representantes de CENDA es la necesidad de que el Estado pase a condonar las deudas de quienes hoy están con el sistema CAE. Plantearon que las cifras indicadas en una sesión anterior por el Gobierno están “infladas” y que tampoco es condición pagar a la banca el total en una sola vez, sino que se puede realizar a quince años. “Condonar las deudas es posible y prudente; es urgente y necesario”, enfatizó Roxana Pey.
Los especialistas sostuvieron que el CAE representó un sistema que fomentó el lucro y la apropiación indebida de recursos fiscales y remarcaron que, después de los fuertes movimientos sociales en contra de este tipo de mecanismos, no se entiende que se siga insistiendo en una fórmula similar por medio de lo que llamaron el CAE II.
Acción Educar
En representación de Acción Educar intervino su director ejecutivo, Daniel Rodríguez, quien inició su presentación analizando cuáles son los resultados o ventajas que se obtienen con la educación superior. En este plano, observó que hay tanto un beneficio personal para quien se formó profesionalmente, como para la sociedad en su conjunto, por lo cual estimó que la manera de financiar este proceso debiera ir también en esa línea, es decir, con una parte costeada por el particular y con otra apoyada por el Estado.
Consideró que la fórmula CAE fue una estrategia inteligente frente a una situación de estrechez económica, que permitió una universalización de la educación superior, con posibilidades de mayor acceso a este nivel educacional. Dijo que, efectivamente, hoy el país es capaz de financiar una fórmula de gratuidad, pero remarcó que esta situación no era viable cuando se creó el crédito. “La alternativa al CAE era no estudiar”, puntualizó.
En todo caso, reconoció que el instrumento tuvo errores de cálculo de parte del Estado y valoró que las deficiencias se hayan ido superando con el tiempo, para llegar a un nueva propuesta que permitirá un régimen más barato para el Estado y más conveniente para los estudiantes, al sacar a “intermediarios costosos” (la banca).
Insistió en que es importante que el país contemple varias respuestas para el sistema de financiamiento, incluyendo un mecanismo de crédito equilibrado. “Lo importante es que ningún joven se quede fuera por razones económicas”, sentenció.
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