Cambios en los requisitos sobre gratuidad no resuelven discriminaciones arbitrarias
Ante las evidentes restricciones presupuestarias y las críticas transversales que se han instalado, el gobierno ha anunciado recientemente cambiar nuevamente los requisitos que pedirá para implementar la gratuidad parcial que pretende para 2016.
Sin embargo, los nuevos criterios no resuelven las graves y arbitrarias discriminaciones que genera la política en cuestión, por el contrario, introducen nuevas distorsiones y mayores grados de confusión respecto a una política cuya improvisación parece no tener límites.
Los requisitos que la autoridad le exigiría a las instituciones privadas para ingresar al sistema son confusos y no dicen relación con normas establecidas en el marco legal vigente, lo que se demuestra en el hecho de que el mismo gobierno ha dicho que aún no tiene claridad sobre qué instituciones los cumplirían. Además generan nuevas diferencias sin justificación en cuanto se exigen cuatro años de acreditación para las universidades privadas que ingresen, pero no se establece la misma vara para los planteles del Consejo de Rectores (CRUCH), donde en efecto hay varias instituciones con menos años de certificación.
En el caso de la educación técnica, el cambio sólo significó que alrededor de 12 mil alumnos que hasta hace una semana iban a acceder a la gratuidad, hoy serán excluidos debido a la baja en el umbral de vulnerabilidad que será cubierto con este sistema (de los jóvenes del 60% más vulnerable se pasa al 50% más vulnerable). Bajar dicho umbral era un camino razonable en la medida que se hubieran corregido las discriminaciones que generaba esta política entre estudiantes de igual necesidad económica, pero eso no fue lo que sucedió. Se sigue excluyendo tanto a alumnos como a instituciones por criterios que no tienen que ver con la calidad ni con la normativa vigente. Por ejemplo la autoridad ha decidido que ningún centro de formación técnica (CFT) o instituto profesional (IP) que esté organizado como sociedad comercial podrá ser parte de esta política, lo anterior a pesar de que la ley actual sí permite que los planteles técnicos se organicen de este modo. Por lo tanto, se exige un criterio arbitrario que no es coherente con nuestra normativa y que implica que ocho de cada 10 alumnos que estudia carreras técnicas y que pertenece al 50% más vulnerable, queda excluido de la gratuidad.
En la misma línea, a nivel regional se observan graves discriminaciones territoriales: siete regiones del país no cuentan con ningún CFT o IP que cumpla con los requisitos impuestos por el gobierno y por lo tanto ningún estudiante vulnerable de esa zona podrá acceder a un plantel técnico que participe de la gratuidad (las regiones afectadas son: Arica, Tarapacá, Atacama, Maule, Los Ríos, Aysén, Magallanes). Cabe destacar que esta situación no se genera por una falta de cobertura, por el contrario existen instituciones acreditadas a lo largo de todo el país, sin embargo la mayoría de ellas está constituda como sociedad comercial, tal como lo permite la ley.
