Señor Director:
La seguidilla de acciones violentas en ciertos establecimientos públicos, vulneran además de la integridad física y psíquica de la comunidad educativa, el derecho a la educación de miles de estudiantes. Ello exige buscar soluciones en el corto y largo plazo, con el objeto no sólo de sancionar, sino también de prevenir y proteger los derechos de aquellos para los cuales la escuela dejó de ser un lugar seguro.
(Leer carta al director en La Tercera)
Como señala K. Araujo, la crisis de autoridad en las familias, escuelas y vida pública, hace necesario buscar acciones concretas que permitan que las figuras de autoridad puedan ejercer sus roles para la satisfacción de las necesidades sociales. Esto no significa retomar prácticas autoritarias de un pasado superado, sino generar espacios que favorezcan una sana y necesaria influencia de los adultos sobre los niños que están bajo su cuidado.
En este aspecto, un punto de partida interesante sería fomentar la presencia constante de profesores dentro de todo el espacio del establecimiento educacional, así como la cooperación entre los miembros del equipo (Omer, 2022). La evidencia muestra que con ello disminuyen las situaciones de riesgo, aumenta la autoridad, y permite superar el aislamiento en que viven los docentes, quienes a través de la cooperación mutua fortalecen el respeto de todo el equipo, sin que éste deba depender exclusivamente de las capacidades personales para enfrentar los conflictos.
Si bien los problemas de convivencia escolar son multicausales, y son muchas las medidas que se requieren para hacerse cargo, esta es una de las varias acciones que pueden llevarse a cabo en un problema que excede la competencia de un solo Ministerio.
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