(Leer carta al director en La Tercera)
Con preocupación vemos que el aplaudido acuerdo constitucional alcanzado por unanimidad en el pleno de la Comisión Experta no haya significado una real voluntad de los comisionados de avanzar en la generación de verdaderos y amplios consensos. Las enmiendas propuestas dan cuenta de ello y revelaron algo más inquietante aún: la incapacidad de cierta alma del oficialismo presente en el proceso, de dejar atrás el proyecto constitucional rechazado el pasado 4 de septiembre.
En educación, las diferencias son obvias. Mientras una de estas almas intenta dar un paso más en la preponderancia del Estado respecto a los privados para proveer el derecho (nada nuevo en el socialismo), la otra opta por limitar al máximo la acción de los particulares con el objeto de constituirlos en meros intermediarios de la provisión educacional estatal. Para ello, vuelven a recurrir al establecimiento de más fines y principios “orientadores”, y su necesario cumplimiento para que la educación entregada califique como de “calidad”; y a exigir una amplia regulación legal unificadora, sin hacer posible en la práctica el ejercicio del derecho de los padres de elegir un proyecto educativo conforme a sus convicciones.
Así, el problema para la oposición no será sólo conseguir un nuevo punto de encuentro con el oficialismo en el texto, sino además entender cuál de las dos almas es el interlocutor válido en lo que sigue del proceso: ¿aquella que, disconforme con el acuerdo, modificó ciertos ámbitos que deben volverse a acordar, o aquella que sigue viendo en el proceso rechazado el ideal constitucional?
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