El miércoles 22 de junio, el investigador de Acción Educar Daniel Rodríguez presentó ante la Comisión de Educación y Cultura del Senado en relación al proyecto de ley que busca prohibir las tareas escolares.
En particular para el año 2014, los recursos públicos (fondos basales y concursables) se distribuyen de la siguiente manera: 55% para universidades estatales, 40% para universidades privadas del CRUCH y 5% para universidades fuera del CRUCH.
En el estudio de Acción Educar titulado “Financiamiento Fiscal a Universidades Estatales: ¿Olvido Sistemático o Trato Preferente?” Año 3, N° 39, publicado el 6 de mayo de 2016, se cifró el aporte fiscal para el programa de “Fortalecimiento” a las Universidades Estatales para el año 2014 en “41.122.000” cuando debiera decir “4.112.000” (página 8).
El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) Alberto Salas presentó los resultados de la Comisión de Productividad…
Se filtró una nueva minuta del Mineduc donde se entregan detalles sobre las ideas del gobierno para el proyecto de reforma a la educación superior. A las complejidades del diseño que se ha ido anticipando, se agrega un aspecto que puede terminar siendo el golpe de gracia a la libertad de enseñanza y la diversidad de proyectos educativos.
Fundación oportunidad coordinó una mesa de trabajo en la cual se investigó, discutió y consensuó en torno al problema del ausentismo escolar crónico existente en Chile.
El Consejo Nacional de Educación publicó un documento donde expresa su evaluación del proyecto de ley en trámite. El órgano estatal expresa su preocupación por vacíos y problemas del sistema propuesto que no da garantías de calidad, queda desarticulado del sistema de Asegurameinto de la Calidad y recentraliza la gestión escolar.
Especialmente perjudicial para los sostenedores es la ausencia del reglamento que regula la adquisición del inmueble por parte de ellos. Lo anterior perjudica a los colegios y sus comunidades.
Durante la tramitación del proyecto Acción Educar expuso sus observaciones, las que lamentablemente no fueron consideradas por el Ejecutivo ni parlamentarios.
La iniciativa no mejora las condiciones para este sector, aleja al sistema de la realidad local y hace más laxas las normas vigentes de calidad para los colegios públicos.