Ciper: Hacia una mejor evaluación docente

• 2 de Agosto, 2023

Causa extrañeza el poco revuelo que está teniendo la discusión parlamentaria sobre uno de los asuntos más trascendentales para la educación en Chile: la evaluación docente. Pese a que se trata de algo que apunta al corazón de la calidad educativa —tan ansiada por todos, al menos en el discurso—, el debate en el Congreso se basa hoy en un proyecto de ley presentado por el actual gobierno que a nuestro juicio es deficiente, y que está muy lejos de cumplir su importante función.

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Un estudio reciente de Acción Educar ha analizado literatura y experiencia internacional en la materia. Se concluye allí que para que una evaluación docente resulte efectiva y cumpla con su fin de asegurar la calidad debe cumplir con tres factores: ser periódica, obligatoria y con consecuencias cada vez.

Países como Finlandia, Inglaterra y Estados Unidos realizan la evaluación de manera obligatoria y anual. Proponemos para Chile una evaluación obligatoria año por medio, con la posibilidad de eximirse de la siguiente con la obtención de buenos resultados. Se debe otorgar un rol preponderante a los establecimientos en estos procesos, evitando un sistema centralizado, pero con lineamientos mínimos a lo largo del país, así como contar con una debida retroalimentación para los docentes.

En cuanto a las consecuencias para aquellos que resulten mal evaluados, es fundamental que exista un sistema de capacitaciones y fortalecimiento, dejando como medida de ultima ratio una eventual desvinculación para los que luego de todos estos procesos no logren mejorar. El objetivo de todo lo anterior es poder detectar a tiempo las falencias que pueda tener un profesor para prestar los apoyos necesarios para su mejora y asegurar así que los alumnos a su cargo reciben una educación de la calidad esperada.

Lamentablemente, vemos que la propuesta en el proyecto de ley que hoy se discute no sigue ninguna de estas líneas, al contemplar una evaluación que solamente para los dos primeros tramos de la Carrera Docente es obligatoria y con consecuencias. (Y las consecuencias para el segundo tramo corren únicamente para los profesores que ingresen al sistema a partir del año 2025. Para todos los actuales, ninguna). Para todo el resto del sistema la evaluación y el aseguramiento de la calidad queda a la completa voluntariedad de los profesores, dejando en el desamparo a todos los cientos de miles de estudiantes a su cargo. 

Aún estamos a tiempo de rectificar. Esperemos que los parlamentarios y la ciudadanía reaccione y le tomen el peso a la importancia de lo que está en juego, y que el futuro de este proyecto, así como la calidad de la educación, no queden simplemente al azar. 

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