Columna en El Líbero: Carrera docente; las consecuencias de ceder a las presiones

• 22 de Agosto, 2015

Por Raúl Figueroa salas, director ejecutivo de Acción Educar.

Recientemente el Ejecutivo presentó casi 60 indicaciones al proyecto de ley que crea un nuevo sistema de desarrollo profesional docente. En términos generales lo que reflejan las modificaciones propuestas tiene relación exclusivamente con las pretensiones del Colegio de Profesores que fueron expuestas ante las autoridades del Ministerio de Educación y los diputados de la comisión de Educación, y que luego se impusieron tras un extenso paro de funciones. De esta manera el proyecto sigue su curso sin hacerse cargo de lo que otras muchas voces plantearon durante el debate legislativo, en donde alrededor de 50 personas u organizaciones fueron invitadas a exponer su punto de vista al Congreso.

Lo anterior ha derivado en un proyecto de ley cuyo diseño se ve desequilibrado y que está dejando de lado aspectos fundamentales para alcanzar el objetivo primordial de esta iniciativa: mejorar los aprendizajes de los alumnos atrayendo y reteniendo a buenos profesionales en la sala de clases y para ello, contar una carrera docente que premie y promueva el buen desempeño de los profesores. De no corregirse, la iniciativa no producirá los efectos que se esperan en el sistema educacional, a pesar del alto presupuesto fiscal que significa (más de US$2 mil 300 millones en régimen).

Efectivamente las indicaciones presentadas mejoran las condiciones laborales de los docentes respecto de lo que era el proyecto original, cuestión fundamental para hacer de esta profesión una más atractiva y competitiva respecto de otras similares. Sin embargo, hace falta vincular de mejor manera dicho reconocimiento con mayores exigencias y mecanismos que promuevan un mejor desempeño.

El Ejecutivo aceptó eliminar la prueba de certificación que tendrían que aprobar quienes quisieran ingresar a la carrera docente y trabajar en establecimientos municipales. Dicho cambio sería atendible en la medida que el proyecto entregara mayores atribuciones a los directores y sostenedores para elegir a los profesores que contrata y en la medida que un docente no se ajuste a un proyecto educacional tener la posibilidad de desvincularlo. Sin embargo nada de ello se menciona en la iniciativa.

Otra indicación dice relación con la posibilidad de acceder a mejores rentas y responsabilidades en el periodo inicial de la carrera. Esto es conveniente en la línea de generar mayores incentivos a profesionales de alta motivación y que esperan que su buen desempeño sea reconocido de manera temprana y no sólo debido a los años de trabajo que acumula. Sin embargo, de nuevo, el proyecto falla y se torna cada vez más débil en lo que se refiere a las exigencias y al tipo de evaluaciones de los docentes. Se dice que se creará una carrera en la cual se medirá y reconocerá el desempeño de los maestros, sin embargo, no se establecen los instrumentos adecuados con los que medir dicho desempeño.

El desempeño y efectividad de un profesional se relaciona directamente con su aporte e impacto en un contexto determinado, en este caso un establecimiento escolar en particular. Existe abundante evidencia que señala que una evaluación local es la que permite valorar de manera más certera ese desempeño. En un colegio, es el director y su equipo en quienes debiese recaer dicho rol, no sólo por la cercanía de estos con el maestro evaluado y su trabajo diario, sino también porque es justamente el director el responsable superior de la gestión pedagógica del recinto educacional y, por lo tanto, debiera estar entre sus atribuciones el evaluar a sus profesores. La valoración de un director debiera tener consecuencias tanto en las remuneraciones como en la continuidad laboral del cuerpo docente. Tal como está el proyecto, éste solo incluye evaluaciones centralizadas cada cuatro u ocho años, las que son capaces de medir los conocimientos disciplinarios y algunas capacidades pedagógicas, pero no el desempeño continuo y la efectividad de cada profesor en el aula.

La inamovilidad docente que el diseño de este proyecto provoca es grave y perjudicial. La iniciativa, además de no entregarle ninguna participación al director sobre la evaluación de los profesores, limita aún más su atribución para desvincular a un docente de mal desempeño. Un profesor podría pasar ocho años realizando clases sin ser sometido a evaluación alguna, si durante ese período no muestra un desempeño adecuado no hay posibilidad de desvincularlo. Por otra parte el proyecto no contempla recursos adicionales para que los directivos puedan entregar premios salariales a docentes destacados. Ser evaluado periódicamente y recibir retroalimentación al respecto es un proceso sano, deseable, normal para cualquier trabajador, sea cual sea su posición, y que promueve mejoras en la calidad de la labor realizada.

De esta manera, la carrera propuesta no considera en la evaluación docente ni los resultados de aprendizaje de los alumnos ni la opinión del director del establecimiento respecto a su desempeño. El hecho de que un profesor no se adecue a las características de un determinado proyecto pasa a ser irrelevante, primando criterios externos y ajenos a la realidad de cada colegio.

Finalmente, respecto al aumento de las horas no lectivas, es valorable el esfuerzo que se realiza; sin embargo, tal como se propone en las indicaciones, los establecimientos escolares deberán destinar obligatoriamente los recursos de la subvención escolar preferencial para financiar dicha medida. Con ello se les modifica sin consulta su plan de mejoramiento educativo, y para financiar el cambio, se les obliga dejar de lado medidas que cada establecimiento consideró que eran relevantes para el aprendizaje de sus alumnos. Una medida como ésta exige necesariamente que el Estado entregue recursos adicionales al colegio para llevarla a cabo.

La oportunidad que representa este proyecto es enorme y dice relación con uno de los factores más relevantes en el proceso educacional, los profesores. El Congreso debe ser capaz de velar por el interés de la ciudadanía en su conjunto y particularmente por la mejora de los aprendizajes escolares. Lo que se espera, es que los diputados se hagan cargo de lo que muchos han propuesto para mejorar el proyecto de ley en cuestión. Los intereses del Colegio de Profesores, impuestos mediante potentes y cuestionables medidas de presión, no pueden ser los únicos que queden reflejados en esta discusión.

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