Columna en El Líbero: Gratuidad universal; Cómo hacer una mala política pública

• 29 de Agosto, 2015

Por Raúl Figueroa Salas, director ejecutivo Acción Educar.

Existen aún grandes interrogantes respecto a la política de gratuidad universal que propone el gobierno, cuyo primer paso se daría a partir del próximo año. La autoridad no ha entregado información relevante para el análisis como la manera en que fijará los aranceles de cada carrera, cómo establecerá los cupos de cada institución, qué monto entregará a cada plantel o qué condiciones específicas le exigirá a las instituciones que se adhieran a esta política.

La errática conducción por parte del gobierno de esta discusión, que en las últimas semanas ha anunciado múltiples cambios para después deshacerlos, ha intensificado la confusión y ha confirmado la improvisación y escasa reflexión previa que existía entre quienes promueven la reforma en cuestión.

Sin embargo, las críticas y dudas más profundas no apuntan sólo a lo errático que han sido las autoridades en el anuncio de las condiciones para acceder a la gratuidad, sino a las negativas consecuencias que una política de gratuidad universal implica para Chile. Ella no se funda en un diagnóstico correcto y no garantiza en lo absoluto el cumplimiento de objetivos transversales para la educación superior como la necesidad de continuar en la senda de su desarrollo, promover una mejora en la calidad y lograr un mayor acceso e inclusión.

Debido al nivel de impacto que tienen políticas de este tipo, existen requisitos mínimos que debieran exigirse si lo que se busca es un debate y ejecución adecuada. Por una parte se requiere un diseño técnico correcto, no improvisado, y que sea fruto de un diagnóstico preciso, de un debate en que se escuche la visión de actores diversos, considerando las críticas y los efectos directos y colaterales de la medida. También se requiere que dichas políticas se anuncien y expliquen con una anticipación razonable para que los involucrados las conozcan y puedan evaluarlas e implementarlas, si lo desean, de la mejor manera.

En este caso vemos que ninguno de estos requisitos se cumple.

Respecto al diseño, que es el fondo de la discusión, está claro que éste resulta deficiente. La gratuidad universal implica un enorme gasto fiscal, lo que está desalineado con lo que es la tónica de los países desarrollados donde el gasto se concentra en mayor medida en la educación escolar. Además es un gasto que resulta regresivo porque beneficia y se destina principalmente al financiamiento de las carreras de los jóvenes de más recursos. También afecta la calidad del sistema y especialmente de aquellas instituciones con mayor desarrollo; implica la fijación de los aranceles por parte del Estado lo que significa que de manera centralizada se le fija un techo al potencial desarrollo y calidad de cada universidad. Además los planteles no podrán recibir ingresos por otra vía cuando la gratuidad universal entre en régimen, por lo que la asignación del Estado será su única fuente de ingresos. De esta manera las instituciones deberán adecuar sus costos y por lo tanto su calidad a los recursos que el Estado les asigne.

La propuesta de gratuidad universal atenta también contra la diversidad del sistema lo que resulta inevitable cuando se usa una fórmula común para determinar precios. Finalmente se restringe el acceso de los más vulnerables, quienes sólo podrán escoger entre las instituciones que se adhieran a la gratuidad universal, ya que se eliminarán las becas y créditos para el resto del sistema. Además se limitarán los cupos de las instituciones que participen de la gratuidad.

También está ausente la anticipación que se exige para la buena implementación de cualquier política. Efectivamente estamos a pocas semanas de que se inicie la discusión del presupuesto y aún no hay ninguna claridad sobre las características que la gratuidad del 2016 va a tener. Perfectamente la propuesta que ingrese la autoridad podría cambiar sustancialmente y salir de una manera distinta tras la tramitación, y por lo tanto recién en noviembre habrá cierta certeza de cómo se pretende implementar una política que regirá desde marzo del próximo año. Evidentemente estos tiempos no son los adecuados ni para discutir en el Congreso una medida como ésta, ni tampoco para que las instituciones involucradas puedan adecuarse, todo lo cual perjudica al desarrollo del sistema de educación superior en su totalidad.

En este escenario confuso, la reciente designación de un consejo consultivo que asesorará al Ministerio de Educación en la reforma a la educación superior que pretende impulsar parece una señal positiva. Esperamos que dicho consejo tenga la posibilidad cierta de corregir el rumbo en esta materia, centrándose en los objetivos y abandonando ciertos instrumentos que son incompatibles con su logro.

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