Columna en El Mercurio: Riesgos de una carrera docente mal diseñada
Por Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar.
En materia de políticas públicas, la importancia de los objetivos buscados y la necesidad de alcanzarlos en el corto plazo tienden a veces a nublar el debate y a facilitar el camino para que se impulsen medidas de bajo impacto y alto costo. Así, se deja de lado la necesaria evaluación de los instrumentos bajo un criterio básico de determinar si efectivamente son los más idóneos para alcanzar la finalidad que se busca.
Lo anterior es precisamente el caso del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que propone un nuevo sistema de desarrollo profesional docente. Persigue un objetivo ampliamente compartido, como lo es el atraer y retener a los mejores profesores en la sala de clases, proponiendo para ello mejores remuneraciones asociadas, al menos teóricamente, a un mejor desempeño. No obstante, para lograr ese propósito, el mencionado proyecto de ley requiere de urgentes modificaciones, que pasan por reconocer el rol que corresponde a cada establecimiento en la evaluación de sus profesores y en la asignación de consecuencias a dicha evaluación.
La presión ejercida por el Colegio de Profesores mediante la paralización de sus deberes, perjudicando a miles de familias, y la reacción de los diputados y del Ministerio de Educación ante dichas presiones hacen temer, fundadamente, que las posibilidades de incorporar al proyecto las mejoras que requiere son cada vez más lejanas.
Veladamente, el proyecto de ley gira hacia un marco de inamovilidad del cuerpo docente, asociando las remuneraciones y la permanencia del profesor exclusivamente a evaluaciones centralizadas que difícilmente permiten medir el desempeño y la efectividad de un profesor en un ambiente determinado. La necesidad de potenciar el liderazgo directivo dentro de cada colegio está absolutamente ausente de las propuestas del Ejecutivo, desconociéndose la necesaria autonomía que se le debe garantizar a cada establecimiento educacional.
Lo anterior es justamente uno de los mayores problemas que genera actualmente el estatuto docente que rige para el sistema municipal, donde se aprecia un exceso de regulación y una falta de atribuciones de los sostenedores y directores en aspectos relevantes, como la contratación, desvinculación, evaluación y definición de incentivos de los maestros. Esta falta de autonomía hace muy difícil realizar una buena gestión y promueve la dilución de las responsabilidades por los aprendizajes de los alumnos. Lo más grave es que este proyecto de ley no solo no aborda estos problemas que han caracterizado y perjudicado al sistema municipal, sino que, por el contrario, extiende estas dificultades al sector particular subvencionado. La situación actual, donde vemos a los docentes negociando salarios con el Estado, dejará de estar acotada solo al sector municipal y tiene el riesgo de expandirse al 93% de los colegios del país.
La experiencia internacional indica que los recintos educativos que tienen un mayor grado de autonomía sobre distintos aspectos como el currículo y la asignación y gestión de recursos tienden a mostrar mejores resultados (PISA 2012, OCDE); sin embargo, lo que hace este proyecto es profundizar un camino totalmente contrario.
El hecho de que un profesor no se adecue a las características de un determinado proyecto pasa a ser irrelevante, primando criterios externos y ajenos a la realidad de cada colegio. El empleador pasa a ser, en los hechos, el Estado, desconociendo el rol que en esta materia corresponde al sostenedor tanto municipal como particular y dificultando la posibilidad de llevar adelante el proyecto educativo.
Frente a la amplitud de reformas educacionales que el Ejecutivo se ha propuesto impulsar y considerando la necesidad de focalizar los recursos fiscales en aquellas que impacten en la calidad y generen mayor consenso, el desarrollo profesional docente es prioritario. El cambio de ministro en la cartera de Educación se presenta como una oportunidad para corregir el rumbo de este proyecto de ley, concentrando allí los recursos y haciéndose cargo de las inquietudes que han sido planteadas en el debate, las que no necesariamente coinciden con los intereses que un grupo de presión, mediante un paro que perjudica a las familias más vulnerables, ha intentado imponer.
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Escrito por Raúl Figueroa Salas
Fundador y ex director ejecutivo de Acción Educar.
