Columna en Ciper: Cómo integrar la investigación en una nueva Constitución

• 23 de Marzo, 2022

Por Francisco Alessandri, investigador de Acción Educar.

La Convención Constitucional (CC) ha mostrado mucho interés en promover un desarrollo nacional con un importante foco en la investigación. Más allá de los discursos, se decidió crear una Comisión de Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Arte y Patrimonios. Cabe preguntarse, entonces, por qué es importante tal prioridad en el proceso y cuál es la forma más efectiva de llevar adelante la discusión.

La investigación científica es un motor para el crecimiento de los países, y ayuda a su desarrollo en las más diversas áreas del conocimiento. Cuenta con tres aristas que se complementan y que deben ser entendidas en su conjunto: i) una función transformadora, que expande la frontera del conocimiento y busca responder importantes preguntas de las ciencias sociales, naturales, humanidades y artes; ii)el apoyo que brinda al desarrollo a través de la investigación aplicada, generando soluciones para la industria del país o la región a través de evidencia para la elaboración de políticas públicas y las externalidades positivas que esto genera; y iii)los nexos entre laboratorios extranjeros y universidades chilenas que tanto han beneficiado a los chilenos en la estrategia de vacunación, y que comenzaron a través de investigación conjunta.

La investigación tiene, además, un aspecto humano, en asuntos tan relevantes como inclusión y democracia. Es la combinación de todo lo anterior lo que le entrega una importancia esencial, que lleva tanto a estados como actores privados a financiarla. 

Sin embargo, al revisar el financiamiento de la investigación en Chile nos encontramos con malas noticias. El gasto total en nuestro país para investigación y desarrollo (I+D) es bajo: para 2018 representaba el 0,4% del PIB, apenas un 15% del promedio de la OCDE (estimado en 2,5% del PIB de cada país) [fuente], lo que nos deja entre los últimos lugares (con cifras de gasto en inversión similares a las de México y Colombia).

Es lamentable que entre los años 2008 y 2018 el gasto de Chile en I+D se mantuvo estable, a diferencia de la tendencia OCDE. El problema no es solo el monto del financiamiento, sino la distribución de esos recursos. El aporte estatal a las instituciones sigue hoy un criterio histórico y político que hace que las universidades estatales y las del G9 (privadas creadas antes de 1980) reciban la mayor parte de los fondos basales, mientras que otras casas de estudios (universidades privadas fundadas después de 1980) pueden postular a apenas un diez por ciento de esos fondos, y compitiendo en igualdad de condiciones. Al mismo tiempo, el financiamiento por concurso a proyectos de investigación —única instancia de financiamiento para investigadores de universidades privadas— ha recibido diversas críticas, entre las que se repiten las de la precarización de los investigadores y el poco fomento a la colaboración, esencial para el actuar científico.

A pesar de estos problemas, las investigaciones y el ecosistema en que éstas se insertan en el país han crecido sostenidamente en los últimos años. Así, de acuerdo a Dataciencia (portal perteneciente a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), observamos que las publicaciones científicas citables han tenido un crecimiento de 128% entre 2012 y 2020. Si desagregamos ese porcentaje por tipo de institución, notamos que las universidades privadas han crecido un 309%, casi triplicando el aumento de los planteles estatales (118% en el periodo) y presentando una diferencia aún mayor con aquellos del G9 (85%). En ese sentido, las ues. privadas pasaron de ser un actor menor en la investigación nacional a explicar un tercio del aumento de las investigaciones en los últimos ocho años, mostrando indicios de su importancia para el crecimiento del I+D en Chile, pese a casi no recibir fondos concursables ni aportes basales (estos representan alrededor de un 1% de sus ingresos).

Al considerar la producción nacional de investigación es importante tener en cuenta a quienes la realizan. La gran mayoría de la investigación en el país es producida en universidades por académicos con doctorado o estudiantes que se encuentran cursando su doctorado. Por lo mismo, el crecimiento 2012-2020 de un 90% en profesores contratados con tal posgrado es un dato que probablemente explique el aumento de investigaciones. Estos doctores, en su mayoría chilenos, son el «capital humano avanzado» que se ha perfeccionado en Chile y en el extranjero, y que, gracias al crecimiento de diferentes instituciones, cuentan con una oportunidad laboral en el país acorde a sus estudios. Si volvemos a desagregar por tipo de institución, notamos que las universidades privadas han incrementado en el citado período un 202% la contratación de profesionales con doctorado, contra el 80% de aumento en las Ues estatales en el mismo período (y de un 53% en el caso de las G9). O sea, uno de cada tres cargos nuevos de profesores con doctorado que se crean en el país proviene de una universidad privada.

Luego de los avances de los últimos años, es esencial que la producción científica se prepare para nuevos desafíos, tales como potenciar la vinculación con la comunidad, involucrar a las empresas para un desarrollo tecnológico más avanzado y establecerse como un importante polo de conocimiento en Latinoamérica.

Por su parte, el Estado tiene un reto aún mayor para desarrollar I+D nacional. En primer lugar, se debe mejorar el financiamiento de la investigación, ya sea a través de aumentos de recursos públicos o de sistemas que generen incentivos para aumentar el gasto privado en la investigación (en varios países OCDE existen importantes beneficios impositivos al respecto). Mientras gastemos un 15% del promedio OCDE, nunca se podrá desarrollar la ciencia nacional.

Debe también crearse un sistema de financiamiento institucional no discriminatorio, que permita a todo el espectro de instituciones financiar su investigación en diversas áreas, utilizando métricas y guías para asegurar una repartición justa y eficiente del erario nacional. Finalmente, debe repensarse el financiamiento de proyectos, entregando mayor estabilidad y seguridad laboral a los investigadores, y combinando la expansión de la frontera del conocimiento con el apoyo a los objetivos de desarrollo del Estado. 

¿Puede apoyar la Convención Constitucional en este desarrollo de la I+D? En primer lugar, el debate constituyente en desarrollo puede asegurar la importancia de la investigación para el desarrollo nacional, alentando un Estado que promueva el saber científico y despliegue su apoyo allí donde exista investigación de calidad, aprovechando la capacidad de las distintas universidades de avanzar en el conocimiento.  Este espíritu se encuentra en diversas iniciativas de norma, propuestas tanto por la sociedad civil —las iniciativas populares (algunos ejemplos: IPC 11 y 62)— como por convencionales (ICC 145-4) El deber de la CC ahora es evaluarlas, teniendo presente la importancia que lo anterior tiene para el desarrollo del país.  

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