Columna en Ciper: Educación parvularia: institucionalidad y financiamiento

• 26 de Enero, 2024

La educación inicial es una etapa educativa fundamental para el desarrollo de las personas, pues es en la infancia temprana en donde se alcanza el mayor número de conexiones neuronales. Quienes han asistido a la educación preescolar muestran más tarde puntajes más altos en pruebas estandarizadas (tales como el SIMCE y la PAES), y menores probabilidades de ausentismo, repitencia y deserción escolar. Además, la educación preescolar es el nivel educativo que ofrece mayores retornos para la sociedad (de hasta 12,9 veces la inversión inicial).

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A pesar de que las autoridades de nuestro país se han comprometido a «fortalecer la educación inicial», lo cierto es que la actual administración apenas ha tomado medidas para materializarlo. Tras la pandemia, ha caído la cobertura y la valoración de los padres por este nivel educativo. Asimismo, se ha reducido el presupuesto nacional asignado a la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) por segundo año consecutivo, y se han recortado también los fondos para la Fundación Integra. Esto nos parece sumamente preocupante, puesto que los establecimientos JUNJI e Integra son los principales garantes de la educación inicial pública, y cumplen un rol crucial en la disminución de brechas sociales desde los primeros meses de vida. En 2022, entre ambos abarcaron el 99,4% de la matrícula del nivel sala cuna (70,6%, JUNJI; y 28,8%, Integra) y el 69,2% de los inscritos en jardines infantiles (45,9%, JUNJI; 23,3%, Integra).

Pero lo que hace aún más inentendible la disminución de recursos son las disparidades presentes en el financiamiento de salas cunas y jardines infantiles públicos. Tanto JUNJI como Fundación Integra tienen como población-objetivo a los niños (0 a 4 años de edad) dentro del 60% más vulnerable del país, pero ambas instituciones operan bajo condiciones legales totalmente distintas: JUNJI es un organismo estatal autónomo que recibe un aporte fiscal contemplado en la Ley de Presupuestos de cada año, mientras que Integra es una organización sin fines de lucro, que firma anualmente un convenio con el Mineduc, a través del cual obtiene casi la totalidad de sus fondos (los cuales también son asignados por medio de la Ley de Presupuestos). Los aportes recibidos por cada institución son diferentes, pese a que atienden a niños dentro del mismo contexto social. Sumado a esto, existen discriminaciones dentro de la misma JUNJI. Los establecimientos administrados directamente por la institución (JUNJI AD) y los administrados por terceros, que firman un convenio con la JUNJI y reciben recursos «vía transferencia de fondos» están contemplados dentro del programa presupuestario de la JUNJI, pero los aportes fiscales destinados a cada una difieren en monto y criterio de asignación. Mientras que los centros JUNJI AD reciben un monto base, los VTF reciben una subvención mensual en base a la asistencia y al «valor párvulo-mes» (establecido en el decreto n°67 de 2010). Esta diferencia arbitraria en la regulación de los establecimientos da pie a considerables inequidades presupuestarias.

Como se puede apreciar en el GRÁFICO 1, los establecimientos JUNJI VTF contaban con la mayor matrícula y el menor presupuesto anual para gastos directos (material didáctico, remuneraciones de personal, etc.). Pese a que para 2022 estos centros servían a la mayoría de los alumnos de la JUNJI (el 57%), se les asignó, en total, un 17,3% menos de recursos (cerca de $53.000 millones) que a los establecimientos JUNJI AD ese mismo año. Al comparar con Integra la diferencia es aún mayor. De nuevo, los centros JUNJI VTF contaban con una matrícula superior; no obstante, recibieron un 30% menos que las salas cunas y jardines infantiles dependientes de Integra.
 
 Naturalmente, la disparidad anterior implica que, de forma arbitraria, cada tipo de establecimiento subvencionado reciba un diferente aporte fiscal mensual por alumno. Como se puede apreciar en el GRÁFICO 2, los aportes mensuales por alumno para los centros JUNJI AD e Integra no difieren considerablemente, pero al comparar con los VTF se hace patente la diferencia en el financiamiento. Esto es aún más grave si se desagrega por los centros VTF que son administrados por municipalidades y por Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

En promedio, un centro educativo JUNJI VTF dependiente de una municipalidad recibe mensualmente $126.000 menos por alumno que un establecimiento JUNJI AD (un 31,8% menos), mientras que un VTF administrado por un SLEP obtiene $167.000 menos (42,3% menos). Estas inequidades desembocan en diferentes condiciones para las educadoras y una peor calidad de la educación para quienes más la necesitan (el 60% más vulnerable de la población). Equiparar estas desigualdades supone un costo fiscal de $200.900 millones anuales en 2022, y el 98,5% de esta cantidad corresponde a la brecha entre establecimientos JUNJI AD y VTF.

La solución es evidente: se requieren más fondos para equiparar, gradualmente, el aporte recibido por cada tipo de establecimiento. Asimismo, se recomienda una mayor transparencia respecto al cálculo del valor párvulo/mes, el cual es utilizado para entregar la subvención mensual para los centros JUNJI VTF, además de documentar los ingresos recibidos por otras vías, de modo que el financiamiento sea lo más parejo posible. Es inadmisible que existan semejantes inequidades presupuestarias en este nivel, puesto que es aquí en donde los niños forjan los cimientos de sus aprendizajes, los cuales serán necesarios para todas las etapas educativas posteriores. De permanecer esta inequidad presupuestaria se estaría privando, de manera arbitraria, a un grupo considerable de niños de tener una educación de calidad en un momento crucial para su desarrollo futuro. 

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