Columna en El Dínamo: Educación, descentralización y burocracia

• 28 de Julio, 2022

El diseño de un Estado regional descentralizado combinado con una serie de sistemas nacionales de provisión universal de derechos sociales puede incrementar fácilmente el nivel de burocracia, afectando con ello directamente a las escuelas.

Escrita por Francisca Figueroa Peña y Lillo, investigadora legislativa de Acción Educar

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Hace años la burocracia en las escuelas se plantea como uno de los graves problemas de la educación, sobre todo de la financiada por el Estado. No sólo los directores dedican gran parte de su tiempo a cumplir con las exigencias que establecen un sinnúmero de cuerpos normativos, sino que también los profesores viven una situación similar.

La propuesta de educación del texto constitucional que será sometido a votación está lejos de hacerse cargo. De hecho, el diseño de un Estado regional descentralizado combinado con una serie de sistemas nacionales de provisión universal de derechos sociales puede incrementar fácilmente el nivel de burocracia, afectando con ello directamente a las escuelas, y el aprendizaje de los alumnos producto de la cantidad de tiempo que directores y docentes dedican a labores de tipo administrativo.

Un informe del Ministerio de Educación del año 2018 señala que la normativa que regula a establecimientos escolares y jardines infantiles incluye 18 cuerpos legales, 7 decretos con fuerza de ley, 60 decretos y reglamentos y 4 circulares distintas que dan origen a aproximadamente 2.300 obligaciones que deben ser fiscalizadas por la Superintendencia de Educación. Las exigencias de protocolos de la pandemia han agravado el panorama.

Toda descentralización debe considerar un equilibrio de poderes entre las instituciones y un proceso de desburocratización, de forma de acercar la toma de decisiones al ciudadano, pero a la vez se mantenga el control entre las instituciones. Concretar este ideal es complejo, pues deben tomarse medidas para evitar que proliferen nuevas estructuras burocráticas y se mantengan a la vez aquellas que se pretendía descentralizar, generando una superposición burocrática de instituciones.

El riesgo señalado está implícito en la propuesta de nueva Constitución. Por un lado, el capítulo de Derechos Fundamentales crea un Sistema Nacional de Educación, que incorpora a los establecimientos de todos los niveles sin importar si son de naturaleza estatal o particular, estableciendo para todos ellos un régimen legal común. Por otro lado, el capítulo de Estado Regional y Organización territorial otorga a las regiones y comunas autónomas, facultades en materia de educación, ¿Cómo concurrirán el nivel central, regional y comunal? El texto sólo dice que deberán coordinarse, sin especificar qué órgano regional o comunal en concreto debe asumirlas como propias.

Se ha argumentado que en los derechos sociales no puede haber descentralización absoluta porque la universalidad de los derechos podría resultar amenazada. Pero si la propia norma establece la universalidad, ¿por qué desconfiar de cómo las autonomías territoriales la llevan a cabo? ¿Es lógico que estas puedan crear sus propias empresas, impuestos y emitir deuda, pero deban subordinarse en materia de educación? Al menos hay ciertas contradicciones insalvables al respecto.

Por otro lado, la descentralización se plantea como nuevas instituciones en niveles regionales y comunales, como si dichas estructuras fueran la clave del proceso de acercamiento de las decisiones a los ciudadanos. Pero ¿simplificarán, acotarán o disminuirá la carga burocrática actual que agobia a las escuelas? ¿estarán las comunidades educativas más cercanas a la toma de decisiones si se agregan nuevas instituciones a nivel comunal y regional que a su vez deben coordinarse con el central?

Finalmente, y posiblemente lo más grave ¿se están destinando los recursos a mejorar la educación de los niños en las escuelas? ¿Cuántos de ellos se irán en la creación del nuevo aparataje estatal?

Ciertamente, serán las leyes las encargadas de dar respuesta a estas preguntas, pero los mandatos constitucionales del texto a ser votado dejan a las escuelas en una posición más difícil que la actual, la que ya es bastante compleja.

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