Columna en El Dínamo: Universidades privadas, desarrollo país y financiamiento público

• 24 de Mayo, 2023

Estas instituciones, a diferencia de las privadas pertenecientes al CRUCH y las estatales, no reciben un financiamiento preferencial del Estado a través del Aporte Fiscal Directo (AFD) y del Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU).

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El sistema de educación superior chileno ha estado marcado, durante las últimas dos décadas, por un crecimiento sostenido de la cobertura y la calidad del servicio. La expansión de la población beneficiada ha sido acompañada por la introducción de estándares de acreditación modernos y objetivos para la mayoría de las instituciones y carreras. Aunque queda camino por recorrer hasta una educación superior de excelencia, hay argumentos para decir que la experiencia chilena ha sido exitosa.

El rol de los proyectos privados en el crecimiento de la docencia e investigación de las universidades ha sido fundamental. En Acción Educar, realizamos un análisis del rol de las universidades privadas no CRUCH, desde 2007 a la fecha. Estas instituciones, a diferencia de las privadas pertenecientes al CRUCH y las estatales, no reciben un financiamiento preferencial del Estado a través del Aporte Fiscal Directo (AFD) y del Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU). El análisis que realizamos entregó 3 grandes conclusiones respecto a la evolución de las universidades privadas.

En primer lugar, pese a no recibir el mismo trato fiscal, las universidades privadas han expandido rápidamente su cobertura nacional. Entre 2007 y 2022, su matrícula total en pregrado creció un 38,6%, y en posgrado, un 529,9% (en este nivel, se sextuplicó). Este crecimiento fue bastante más rápido que en el resto de las instituciones. Al mismo tiempo, las privadas son el único grupo de universidades que otorgó títulos en cada una de las regiones del país, durante todo el período 2007-2022.

En segundo lugar, la expansión de la matrícula privada se ha dado en áreas cuya importancia se considera estratégica para el desarrollo del país. Así: (i) en 2022, más de la mitad de los titulados de Pedagogía egresó de una universidad privada (53%); (ii) el número de títulos en Salud que han entregado al país se ha multiplicado por 10 en los últimos 14 años, representando un 69% del total en 2022; y (iii) actualmente, 4 de cada 10 (38%) títulos del área de Ingeniería, Industria y Construcción han sido otorgados por las universidades privadas.

En tercer lugar, la producción de conocimiento científico y capital humano avanzado de las universidades privadas ha aumentado considerablemente durante las últimas dos décadas. El número de artículos científicos publicados en revistas indexadas ha crecido un 269,6%. Esta alza ha derivado en que, actualmente, 1 de cada 4 artículos del tipo es publicado por las universidades estudiadas. Una expansión similar ha ocurrido con los proyectos patrocinados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID, ex Conycit), y con las becas que ella adjudica para la formación de magísteres y doctorados.

Estos tres hallazgos principales, que muestran el rol fundamental de las universidades privadas en el desarrollo del subsistema universitario chileno, no encuentran correspondencia en el trato presupuestario del Estado a las instituciones. Así, el financiamiento público per cápita de las universidades privadas alcanza, en promedio, un 56% de lo que recibe una privada CRUCH. La diferencia se debe, en 8 de cada 10 pesos, a la transferencia de aportes basales para las instituciones del segundo tipo; más específicamente, un 52,1% de la diferencia proviene del Aporte Fiscal Directo (AFD).

Frente a las presiones por una reforma al sistema de financiamiento a la educación superior —y la propuesta del G-9, que busca aumentar aún más el peso del AFD y otros aportes para sus instituciones—, destacar el papel de las universidades privadas es fundamental para la equidad en el sistema chileno de educación superior. Reconocerlo no deriva en recompensas permanentes o arbitrarias, sino en un financiamiento fiscal ecuánime, que basa la asignación de recursos públicos en criterios de calidad y respeta la autonomía institucional.

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