Los esfuerzos del Gobierno por guiar sus políticas hacia un “cambio de paradigma” generó un desacoplamiento de la principal prioridad del país en materia educativa: la recuperación de aprendizajes.
Se cumplió un año de la llegada del Gobierno a La Moneda y como en todo aniversario, es momento de reflexionar sobre las acciones realizadas, los aciertos y los errores. Esto debe hacerse contando con la evidencia como base fundamental para poder esgrimir conclusiones y así establecer un análisis crítico.
Cumpliendo con nuestro deber de contribuir con evidencia al debate de las políticas públicas, realizamos un balance sobre el primer año de gestión del Ministerio de Educación, el cual estuvo marcado por lograr el tan anhelado “cambio de paradigma”. Este balance analiza la labor realizada por la cartera bajo tres dimensiones que se relacionan entre sí: el foco ideológico del Mineduc y el nuevo paradigma; el trabajo legislativo; y la tramitación de proyectos de ley en el Congreso y la reactivación educativa.
Respecto a este último punto, desde el Ministerio de Educación han mencionado que sus planes para la reactivación educativa buscan aplacar la deserción escolar, las pérdidas de aprendizajes y los problemas de convivencia escolar en las aulas.
Comenzando el año pasado se lanzó “Seamos Comunidad”, un plan de reactivación limitado, el cual ofreció un presupuesto insuficiente para abordar la titánica tarea de la reactivación educativa.
Un claro ejemplo de lo anterior es el Programa Territorial de Convivencia Escolar, el cual estaba comprendido por una expansión del Programa Habilidades Para la Vida y el Programa de Convivencia Escolar. Entre ambos se destinaron apenas $15.625 pesos por alumno al año (o $1.300 al mes). El balance realizado por el Mineduc sobre la labor en convivencia en 2022 es positivo, valorando la expansión del plan a nuevas comunas. Empero, ese mismo año las denuncias ingresadas a Superintendencia de Educación por violencia escolar subieron con fuerza, llegando a duplicar las de 2014.
Además de no lograr sus objetivos en dicha materia, el Ministerio ha carecido de visión para evaluar el impacto de sus políticas e interpretar los resultados. Recién a fines de 2022 y tras meses de inacción, llega el Plan de Reactivación Educativa, el cual sigue la misma línea de su antecesor, sin definir un presupuesto para convivencia escolar.
Otro aspecto a analizar es el plan de inversión en infraestructura para establecimientos educativos públicos. Tomando en cuenta las necesidades de las escuelas y los liceos del país, una inversión en infraestructura parece razonable. Sin embargo, el Ministerio lleva a cabo el plan de inversión de manera apresurada, guiándose por criterios de asignación de presupuesto poco representativos a nivel nacional y que podrían potenciar inequidades entre establecimientos.
Como se puede observar, el punto más débil del Mineduc parece ser la capacidad de gestión de la crisis educativa. Los esfuerzos del Gobierno por guiar sus políticas hacia un “cambio de paradigma”, generó un desacoplamiento de la principal prioridad del país en materia educativa: la recuperación de aprendizajes, frenar la deserción escolar y subsanar la convivencia al interior de los establecimientos educacionales.