Columna en El Líbero: Estudiantes en Dicom

• 17 de Julio, 2019

Por Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar.

Desde hace unos meses se discute en el Senado un proyecto de ley que busca que los deudores del CAE no terminen en Dicom. El objetivo es que los créditos estudiantiles no signifiquen una carga para quienes los soliciten, afectando su posibilidad de acceder a ciertos bienes mediante créditos de consumo o hipotecarios, entre otros. La iniciativa modificaría la ley sobre protección de datos personales estableciendo que las deudas contraídas para financiar estudios de educación, al igual como está establecido para los servicios básicos, no se puedan comunicar; es decir, no se pueda entregar la información a terceros sin la autorización del titular. Lo que aplicaría tanto para las deudas de pregrado como para cualquier tipo de deuda, ya sea para sí o para terceros, en cualquiera de los niveles de la educación.

La iniciativa es cuestionable por varias razones. Por una parte, genera una serie de interrogantes tanto por la ambigüedad de la ley de protección de datos como por la poca claridad del proyecto en sí. No es claro cuál es el alcance de la normativa. Dado el diseño de los créditos estudiantiles, intervienen en él diversas entidades, tanto públicas como privadas, que podrían verse afectadas con la disposición: las instituciones de educación superior, los bancos, la Comisión Ingresa y la Tesorería General de la República. Esta preocupación aumenta con su artículo transitorio que manda a eliminar las bases de datos de los responsables de los registros que almacenan y comunican dichos datos. Nuevamente sin especificar a quiénes se refiere.

El proyecto de ley parte de la premisa que los estudiantes no pueden acceder a los créditos de consumo o hipotecarios debido a su deuda estudiantil. Si bien no se niega que exista mayor dificultad, no es un impedimento a todo evento, pudiendo quienes estén morosos por deudas estudiantiles acceder a otros créditos, cuestión que fue evidenciado por Equifax en la presentación que hizo ante la Comisión de Educación del Senado. En cambio, sí sería más gravoso para el estudiante si los bancos no pueden acceder a su información financiera completa a la hora de solicitar nuevos créditos, pues en último término les podrían terminar cargando con una mochila aún más difícil de llevar.

Por otro lado, se corre el riesgo que el proyecto termine perjudicando la recuperabilidad de los créditos, aumentando la morosidad y el costo que le significa a las instituciones y al Fisco.

Con todo, el mayor problema es que nuevamente se están generando falsas expectativas, mediante cambios que no son más que superficiales y no atacan el problema de fondo. Uno de los mayores problemas del CAE radicaba en el sobreendeudamiento que generaba en los estudiantes, cuestión que si bien se mejoró luego de los cambios introducidos en el primer gobierno de Piñera -como la tasa subsidiada al 2% y ser contingente al 10% de los ingresos- no soluciona los problemas de la morosidad, pues estos beneficios sólo se aplican en la medida que se esté al día de los pagos.

Lo que hace falta es una propuesta que termine con el sobreendeudamiento y genere los mecanismos para ponerse al día en el pago. Soluciones que en gran medida están recogidas en el proyecto de ley que crea el Sistema de Financiamiento Solidario en reemplazo del CAE y que está durmiendo en el Congreso. Proyecto que si bien requiere serias correcciones, al menos plantea una solución al respecto.

La iniciativa en cuestión no sólo no da una solución real a los alumnos, sino que pondrá trabas de entrada para cualquier discusión de una política financiera. Es de esperar que la Comisión de Economía del Senado, que será el próximo paso que seguirá el proyecto, tenga una mirada más responsable respecto de las finanzas tanto del país como de los estudiantes y así la Comisión de Educación pueda enfocarse en aquellos proyectos que tiene congelados y que realmente significan una respuesta a los problemas que enfrenta nuestro sistema.

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