Si las enmiendas generan un mayor compromiso e interés, es posible que las cifras de la opción “a favor”, que las encuestas muestran, mejoren.
El lunes recién pasado fue un hito relevante en este segundo proceso de redacción de una nueva Constitución Política. La presentación de correcciones y mejoras -llamadas enmiendas- al anteproyecto de la Comisión Experta por parte de los consejeros electos muestra las similitudes y diferencias entre estos dos órganos, así como el sello propio o “identidad” de los grupos políticos representados. Esto ha llevado a que se propongan materias que son del ámbito de la legislación común, pero también contribuciones muy importantes al perfeccionamiento del texto. Revisaremos algunas en educación.
Respecto a las enmiendas presentadas por la oposición, existen bastantes coincidencias en lo propuesto por el Partido Republicano y Chile Vamos, al menos en los objetivos que persiguen. Ambos sectores buscan perfeccionar o profundizar la protección de la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres. Sin embargo, con excepción de dejar claro que los titulares del derecho preferente son los padres y tutores (y no las familias), no hay cambios radicales de estos derechos, pero se cumple el propósito de reforzarlos. Por otra parte, es necesario destacar la reposición de quórums para el reconocimiento oficial de los colegios (UDI, RN y Evópoli). Era algo que se eliminó inexplicablemente del anteproyecto, y que resulta fundamental para proteger el funcionamiento de las escuelas de excesos y mayorías circunstanciales en el Congreso Nacional.
La oposición también encontró consenso en materia de financiamiento. El inciso referente a que el financiamiento público deberá cumplir criterios de razonabilidad, se agregó la no discriminación arbitraria. Si bien hay redacciones distintas (la mejor, a mi modo de ver, es la que se refiere explícitamente a los estudiantes) todas apuntan a evitar arbitrariedad en la asignación de recursos fiscales, algo fundamental en un sistema de provisión mixta.
Adicionalmente, hay ideas interesantes para el debate. Por de pronto, establecer la garantía de financiamiento público para la educación de personas con necesidades educativas especiales (Republicanos). Se le podría acusar de ser un tema más propio a la política pública, pero es un cambio de giro importante para un sistema educativo históricamente poco inclusivo. Esto adquiere más importancia cuando las autoridades actuales ven la inclusión desde la perspectiva de la diversidad sexual, y escasamente desde la discapacidad o las necesidades especiales.
Especial mención merece el inciso: “El Estado deberá garantizar la continuidad del servicio educativo en sus establecimientos educacionales” (Republicanos). Esta enmienda se ha interpretado por algunos en redes sociales como una prohibición a los paros de profesores o tomas de estudiantes, lo que parece más bien una confesión de parte. La continuidad del servicio educativo es mucho más que eso, pero abordando el punto de los paros y tomas en la educación pública, nadie puede negar que el uso exacerbado de estas medidas de presión han sido la principal violación al derecho a la educación que se haya visto en el país en muchos años (la próxima semana ya hay anunciado un paro). Dado el triste legado de las paralizaciones, no es malo al menos abordarlo.
Respecto al oficialismo, hay dos aportes relevantes. El primero es especificar que los establecimientos dependientes del Estado son efectivamente públicos. Esta distinción era una omisión extraña del anteproyecto, que ahora queda subsanada. El segundo aporte es incluir la libertad de cátedra de los académicos, aunque cae en el exceso de hacerla extensiva a los profesores de educación básica y media (a los que les corresponde más precisamente autonomía profesional).
La duda final es si esas indicaciones generarán un cambio en el ánimo de la opinión pública para con este proceso. Si generan un mayor compromiso e interés, es posible que las cifras de la opción “a favor” que las encuestas muestran mejoren. En educación, al menos, hay enmiendas que contribuyen al anteproyecto desde la oposición y oficialismo.