Columna en El Líbero: No hay peor ciego que el que no quiere ver

• 14 de Noviembre, 2016

Por Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar.

La situación deficitaria de un importante número de universidades que adhirieron a la gratuidad ha quedado en evidencia, luego de que el Ministerio de Educación diera a conocer que 15 instituciones dejaron de recibir en conjunto cerca de 20 mil millones de pesos por concepto de arancel, como consecuencia de la implementación de esa política.

Lo primero que llama la atención es el hecho de que la autoridad, conociendo esta información, la haya mantenido oculta durante la discusión de la política de gratuidad en el Congreso, viéndose en la obligación de publicarla sólo tras conocerse un análisis de Acción Educar que, con la información disponible, cifró el déficit en 30 mil millones de pesos.

Mientras rectores de diversas universidades hacían ver las dificultades a las que han debido enfrentarse como consecuencia del mal diseño de la gratuidad y mientras algunos centros de estudio intentaban proyectar el déficit con la poca información disponible, el silencio del Mineduc se hacía cada vez más evidente, así como la inactividad de los parlamentarios para exigir su entrega. Es inconcebible que se discuta una política de tanta importancia sin tener a la vista la información mínima que se necesita para tomar decisiones.

El segundo aspecto que preocupa es más de fondo y dice relación con las consecuencias que el déficit tiene en el desarrollo del sistema de educación superior. La pérdida para las instituciones se produce como consecuencia de la fijación de aranceles que la gratuidad implica, lo que genera una brecha entre lo que la institución necesita para financiar sus programas y lo que efectivamente recibe del Estado para poder hacerlo, dependiendo la diferencia tanto del valor de los aranceles reales de la institución, como del número de alumnos con gratuidad que se matriculen. De acuerdo a la información que entregó el Ministerio de Educación, los mayores déficit se concentran en las universidades del CRUCh que gozan de mayor prestigio, como la P. Universidad Católica, la Universidad de Chile, la USACH, la PUC de Valparaíso y la Federico Santa María, así como en las privadas que no pertenecen a ese Consejo y que no tienen más financiamiento que lo que por aranceles reciben.

El impacto en calidad y diversidad de este mecanismo deficitario de financiamiento es evidente. Para adecuarse a su nueva realidad, las universidades se ven en obligación de disminuir o dejar de implementar ciertos programas, afectando ya sea la investigación, la extensión o la docencia. Esta revisión de lo que las instituciones hacen conduce a una homogenización del sistema que no es deseable, ya que afecta la capacidad de desarrollo e innovación de las instituciones y restringe las alternativas de elección para los jóvenes.

Una tercera conclusión que se obtiene es la constatación del voluntarismo detrás de la insistencia en políticas mal diseñadas. Los efectos negativos para el sistema son conocidos y sus causas ya han sido identificadas, pero todo indica que para 2017 se replicará el modelo. Esperaríamos del Gobierno, el Congreso y los rectores una mayor capacidad de reflexionar en torno a las consecuencias de impulsar políticas mal pensadas, así como más carácter a la hora de frenarlas.

Por último, un mensaje de esperanza. Si existiese la voluntad política, podrían revertirse los efectos negativos que se están apreciando. Para ello se requiere dejar de prometer lo que el país no está en condiciones de cumplir y concentrar los esfuerzos en dar con políticas públicas que compatibilicen adecuadamente la necesidad de desarrollar al máximo nuestras universidades, la diversidad de proyectos que se presenten como una opción válida para todos los jóvenes y la seguridad de que nadie quedará fuera de la educación superior por razones económicas. Un buen mecanismo de becas y créditos apunta en esa dirección.

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