Columna en El Líbero: Portazo al diálogo

• 11 de Abril, 2019

Por Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar.

Cuando las cosas ya son evidentes, negarlas puede ser muy caro. Así le ocurrió a un grupo de senadores de oposición, quienes, en un documento en que condicionan la discusión del proyecto que busca reemplazar al CAE, declaran por fin que la gratuidad tiene deficiencias y es necesario subsanarlas. El tema no es menor, pues al menos existe un consenso claro: las cosas no pueden seguir como están y es necesario buscar soluciones.

Sin embargo, a juzgar por la forma en que el grupo de parlamentarios firmantes pretende discutir, desde trincheras y en una negociación de “todo o nada”, la posibilidad de dialogar se hace nula. En su informe marcan la cancha dentro de la cual sería posible debatir, estableciendo como piso mínimo que la gratuidad sería la única garante del derecho a la educación. Por ello, más allá de los errores que pueda tener su diseño y los perjuicios que ha significado al sistema, una política que no avance en gratuidad y en cambio proponga una vía alternativa es considerada injusta ipso facto.

Luego de leer el documento, se hace necesario poner un pie a tierra. Las demandas de los senadores apuntan, en gran parte, a una mayor inyección de recursos públicos, lo que se traduce en una mirada simplista y distante de la realidad del país. Además de los ajustes que exigen para el proyecto de ley que crea el Sistema de Financiamiento Solidario (SIFS) -que pueden ser discutidos-, piden permitir el uso de los excedentes del Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU) para paliar los déficits de la gratuidad, extender el beneficio para los estudiantes que lo pierden por un año más y condonar la deuda de los morosos del CAE.

Llama la atención que, para resolver un déficit producido por una política, no se intente resolver el diseño de ésta y en cambio se quiera hacer mano de los recursos del FSCU. Pero el problema real, por noble que sea, es que finalmente se esconden debajo de la alfombra los verdaderos costos de la gratuidad.

La situación de los alumnos que hoy pierden el beneficio sin duda es preocupante, pero el debate ha sido tomado a la ligera y se ha instalado la idea de que, de ocurrir, el estudiante no puede continuar su carrera. Una conversación seria al respecto requiere dejar de lado la argumentación en base a cuñas vacías y volcarse a la realidad. Si calculamos la cuota de un alumno que solicita el CAE para solventar un año extra de estudios, considerando el mayor costo posible -Medicina en la U. Católica, U. de Chile o U. de Concepción-, y que la ley define que el primer año de atraso sólo paga el 50% del arancel; mensualmente deberá pagar 17.129 pesos (calculado a 180 cuotas), esto sin si quiera entrar a considerar el tope del 10% del ingreso. Parece del todo razonable que luego de solventar sus años formales de carrera se le pueda pedir a un estudiante pagar dicho monto. Situación que incluso es posible de mejorar si se decide por discutir la posibilidad de un crédito que saque a la banca del sistema.

Por último, una condonación total de la deuda resulta irresponsable financieramente. Sin duda es un problema del que nos debemos hacer cargo, pero mecanismos que incentiven la puesta al día y permitan repactar la deuda pudiendo acogerse así a los beneficios que tiene el CAE y recogía el nuevo crédito SFIS, como ser atingente al ingreso, un máximo de cuotas y el interés del 2%, parecen más razonables.

Es claro que no existe una única manera de garantizar el derecho a la educación; por ejemplo, un sistema de financiamiento sustentable en base a becas y créditos. Reducir el debate a expandir la gratuidad, no hace más que perjudicar y cerrar todas las puertas para dar con las posibles mejoras al sistema de financiamiento, que como han dicho claramente los senadores, hoy tiene falencias que es necesario subsanar.

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