Columna en El Líbero: Retrasos en la implementación de la Ley de Educación Superior

• 8 de Noviembre, 2018

Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar.

Hay relativo acuerdo en que la implementación de la Ley de Educación Superior, una de las principales reformas del gobierno de la Presidenta Bachelet, es el principal desafío del Mineduc en este nivel educativo. En los primeros meses de gestión de la actual administración, el ministerio se encargó de dar permanentes señales políticas de que las leyes serían implementadas con responsabilidad, y que los consensos logrados en el Congreso Nacional se respetarían a cabalidad. Esta creación de confianzas –resultado de la gestión del ex ministro Varela– constituyó una buena primera etapa.

Pero ya han pasado varios meses desde la publicación de la ley, y la transición hacia el nuevo marco normativo es heterogénea. El nombramiento del primer superintendente de Educación Superior es una señal oportuna y positiva, cargada de contenido: el compromiso del Ejecutivo con hacer cumplir la normativa educacional es inequívoco. Se ha anunciado que esta institución comenzaría a operar en pleno en mayo del próximo año.

Esto contrasta con los humildes avances en la implementación de las nuevas normas referentes a la Comisión Nacional de Acreditación. Este es el órgano clave para el aseguramiento de la calidad de la educación superior, presuntamente el foco de la actual administración. Este retraso es grave por varias razones.

Primero, la nueva normativa hace obligatoria la acreditación de las instituciones, y las que no logren dicha certificación perderán autonomía y, en último término, deberán cerrar. Según un análisis de Acción Educar, hay 45 instituciones autónomas actualmente no acreditadas, en su mayoría se trata de centros de formación técnica e institutos profesionales, que reúnen más de 100.000 estudiantes. Cerca de 56% de ellas tiene menos de 500 estudiantes, lo que genera dudas de su viabilidad considerando que no existen instituciones acreditadas con menos de 500 alumnos. Varios de sus indicadores, tales como la retención, son también considerablemente inferiores a los del mundo acreditado. ¿Podrán estas instituciones, pequeñas, de nicho y dispersas en el territorio, resistir la acreditación obligatoria? ¿Qué ocurrirá con los estudiantes de las instituciones que cierren? No hay claridad respecto de cómo enfrentará el Mineduc este proceso, pero una aproximación desde la fusión o absorción de instituciones parece el mejor camino.

Segundo, la Ley de Educación Superior exige la creación de nuevos criterios y estándares para la acreditación, que presumiblemente serán el referente para el aseguramiento de la calidad. Conocer estos criterios de evaluación, al menos un año antes, es fundamental para que las instituciones puedan preparar sus procesos de acreditación y ajustarse a las nuevas reglas. Pero hasta la fecha no hay información oficial de cómo se ha avanzado en el diseño y la consulta técnica de estos criterios. Tampoco es conocido un cronograma de validación internacional, marcha blanca o pilotaje, etapas clave para evaluar los instrumentos que pueden terminar en el cierre de instituciones educacionales. Los plazos en la ley son muy acotados, por lo que conocer el grado de avance de este proceso es fundamental.

Finalmente, el nombramiento de los nuevos comisionados que deberán tomar las decisiones de acreditación se ha retrasado injustificablemente. Se deben nombrar 10 nuevos comisionados por el sistema de Alta Dirección Pública, de los cuales seis deben ser ratificados por tres quintos del Senado. La ley obliga a que estos nombramientos estén listos en febrero de 2019, una meta que se prevé al menos desafiante, considerando el gran número de proyectos de ley en tramitación y el poco espacio de consenso que ha mostrado la oposición. Nombrar personas idóneas en estos cargos es de primera importancia para que la mejora en calidad que se requiere pueda tener lugar.

Felizmente, el jefe de la División de Educación Superior ha anunciado públicamente un proyecto de ley que flexibilizaría los plazos para la transición al nuevo sistema. Esto debe ser bienvenido, aunque no sobre el espacio en la agenda legislativa. Si el compromiso del actual gobierno es implementar, debe velar por hacer las cosas bien.

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