Quienes demonizan al Simce (como antes demonizaron al lucro y al copago) exageran sus argumentos y lo responsabilizan de tendencias negativas que el sistema ha tenido siempre (como la segregación), pero no existe evidencia concreta del supuesto daño de la herramienta.
Hechos los análisis iniciales de los resultados del Simce, y habiéndose establecido el enorme efecto negativo de la suspensión de clases presenciales y el confinamiento en los aprendizajes de estudiantes de educación básica y media, se hace necesario reflexionar sobre los pasos a seguir. ¿Qué conclusiones de política pública pueden derivarse?
La primera es que necesitamos seguir midiendo, más y mejor. El Gobierno actual tiene afinidad con los detractores del Simce. Sin ir más lejos, el mismo ministro Ávila buscó, de forma fallida gracias al Consejo Nacional de Educación, cancelar la evaluación cuyos resultados hoy estamos discutiendo. Quienes demonizan al Simce (como antes demonizaron al lucro y al copago) exageran sus argumentos y lo responsabilizan de tendencias negativas que el sistema ha tenido siempre (como la segregación), pero no existe evidencia concreta del supuesto daño de la herramienta.
Sí existe resistencia política, principalmente de la directiva del Colegio de Profesores, que evita cualquier dispositivo que les obligue a rendir cuenta pública de su trabajo. Pero necesitamos más y mejor información sobre los aprendizajes de los niños, y que esta sea masiva y correctamente difundida, en particular a los padres. Esto no significa que el Simce no tenga problemas, y por ello es relevante avanzar en complementarlo con otras formas de evaluación, como el DIA, creado e implementado en el gobierno anterior. Lamentablemente, el Ministerio de Educación está en proceso de disminuir la evaluación Simce del año 2023 a solo dos pruebas.
La segunda conclusión es que es necesario un plan de acción. No se entiende que el Consejo para la Reactivación Educativa, convocado por el Gobierno específicamente para dar recomendaciones para enfrentar los efectos de la pandemia, haya entregado su propuesta dos días antes que se publicaran los resultados del Simce. Eso podría haber sido una sinergia positiva, con algo más de gestión por parte del Ministerio. Pero el punto es que es fundamental que la autoridad, y no solo la autoridad educativa, responda a estos datos. ¿No debiera preocuparse también el ministro Marcel, sabiendo la baja productividad que tendrán los futuros adultos? ¿No debiera inquietarse la ministra Jara sabiendo que los futuros trabajadores tendrán menos habilidades?
Por ahora, el Gobierno no ha planteado una propuesta clara y sólida de acción. De hecho, es lamentable que, en el día de la publicación de los resultados, la atención del Ministerio haya estado en 116 colegios de muy bajo rendimiento que subieron sus resultados. No hay que desmerecer lo logrado por estos establecimientos, pero me parece que el ministro exagera la práctica de mirar el vaso medio lleno, cuando decide mirar al 1% de los colegios.
De estas dos conclusiones combinadas surgen ideas. Un tándem de evaluación, análisis, enseñanza focalizada y reevaluación, podría servir para poner al día a los estudiantes. Evaluaciones con validez individual que permitieran a los docentes saber en poco tiempo qué áreas o ejes curriculares son más descendidos, replanificar y volver a enseñar, para luego reevaluar puede ser una estrategia para los casos más graves. También podrían reforzarse las tutorías, que llegan a 20.000 voluntarios, por al menos el doble de personas. Sin embargo, debieran ser remunerados, de manera de mantener un control mayor sobre su perfil profesional, despliegue y efectividad.
El Ministerio aún está a tiempo de reaccionar bien a la evidencia que se ha dado a conocer. Mis expectativas son que la demora sea proporcional a la solidez y financiamiento de las nuevas medidas.